Tegucigalpa, Honduras.
Los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( Atic) secuestró documentación este jueves de Coalianza en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El Ministerio Público, a través de la Atic, desarrolló hoy la primera operación para el año 2019 denominada “Odiseo”, orientada a esclarecer supuestos actos de corrupción en obras de infraestructura en el país.
Las autoridades buscan judicializar el caso de una red de corrupción dedicada a la falsificación y venta de incapacidades médicas en hospitales públicos.
Se prevé que en las próximas horas se efectúen inspecciones, tomas de declaraciones y secuestro de documentación que permita el esclarecimiento de los hechos denunciados particularmente en la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada ( Coalianza) y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ( AMDC).
Los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( Atic) secuestró documentación este jueves de Coalianza en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El Ministerio Público, a través de la Atic, desarrolló hoy la primera operación para el año 2019 denominada “Odiseo”, orientada a esclarecer supuestos actos de corrupción en obras de infraestructura en el país.
Las autoridades buscan judicializar el caso de una red de corrupción dedicada a la falsificación y venta de incapacidades médicas en hospitales públicos.
Se prevé que en las próximas horas se efectúen inspecciones, tomas de declaraciones y secuestro de documentación que permita el esclarecimiento de los hechos denunciados particularmente en la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada ( Coalianza) y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ( AMDC).
LEA: José Amaya, la ‘mula’ de los Valle que trabajó con redes en EEUU
Se amplían diligencias al interior de varias dependencias estatales y municipalidades, ello por la erogación de fondos estatales para cumplir compromisos de pagos por obras que supuestamente no fueron desarrolladas.
Los agentes de tribunales de igual forma presentarán acciones penales por delitos en perjuicio de la administración pública tras cumplir con los tiempos previstos y asegurar los indicios de la comisión de tales ilícitos.