Tegucigalpa. Con el anuncio de que la evaluación de candidatos será televisada y supervisada por la sociedad civil, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que desde ayer los siete sectores establecidos pueden comenzar a acreditar a sus representantes para la junta nominadora en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Colegio de Abogados, Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), centrales obreras, sociedad civil y Corte Suprema de Justicia son los siete sectores que deberán postular un titular y suplente en la junta.
El proceso finalizará el 31 de agosto y Redondo afirmó que “no hay forma de que políticos metan sus manos en integración de la junta nominadora”.
“El artículo 5 de la nueva Ley de la Junta Nominadora dicta que las instituciones y organizaciones podrán acreditar en la Junta a hondureños notables a nivel internacional, y si así lo desean, la ley se los permite”, recordó.
Las siete organizaciones que conforman la junta nominadora nombrarán a sus representantes, que serán juramentados por el Congreso Nacional e instalarán sus sesiones en los primeros 15 días de septiembre
El titular del Legislativo se refirió a Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, a quien intentaron separar de su cargo por parte del oficialismo en el Legislativo.
“Estamos esperando un informe sobre cómo fue elegida la titular del Conadeh, aunque ella puede ser parte de la junta nominadora si así lo considera su sector”, explicó.
Agregó que cada evaluación a los aspirantes a magistrados será de conocimiento público junto a su documentación y dentro de la matriz se dará un mayor puntaje a los conocimientos de los abogados.
“Voy a decir algo, y es que cuando yo propuse que se eliminara la parte textual que citaba a los que estaban relacionados con un partido político, había un plan orquestado para declarar inconstitucional la ley si eso se metía”, argumentó.
La oposición propuso inhabilitar a los aspirantes que estén activamente relacionados con un partido político, propuesta que no fue apoyada por Libre.