La Corte del Distrito Norte de California anunciará este jueves 31 de julio su decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, un programa que beneficia a miles de migrantes que han residido legalmente en Estados Unidos durante años.
La jueza federal Trina L. Thompson, quien presidió la audiencia celebrada el pasado martes en San Francisco, escuchó durante casi dos horas los argumentos de ambas partes antes de informar que emitiría su fallo en un plazo de 48 horas.
Por parte de los demandantes, los abogados cuestionaron la legalidad de la cancelación del TPS durante la administración de Donald Trump, alegando que se trató de una medida con motivaciones raciales y sin una evaluación objetiva de las condiciones actuales en los países involucrados.
Del lado del gobierno, los representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentaron que se trató de una reinterpretación de la política migratoria, aunque no lograron sustentar esa posición con análisis detallados, según asistentes a la audiencia.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien estuvo presente en la sala, relató que “se vieron los argumentos. Los demandantes plantearon que Trump tomó una posición racial, y que las condiciones en nuestros países no son aptas para regresar. El gobierno de Trump se miraba muy débil, no tenía respuestas contundentes”.
Durante la sesión, también se destacó la urgencia de una prórroga. Los demandantes solicitaron al menos seis meses adicionales antes de que se haga efectiva la terminación del TPS. Argumentan que este tiempo permitiría explorar vías legales o políticas para proteger a los beneficiarios, muchos de los cuales tienen décadas de residencia en EE. UU.
“La jueza le preguntó directamente al gobierno bajo qué argumento canceló el TPS, si podía justificar con análisis las condiciones del país. No hubo respuesta clara”, explicó Flores. También subrayó el impacto humano de una posible cancelación: “Los testimonios eran muy valiosos, gente que tiene hipotecas, casas, hijos ciudadanos. No es justo que en menos de dos meses les digan que se vayan”.
Tepesianos, al límite
En el caso de Nepal, la fecha límite para abandonar el país es el 5 de agosto. Para los beneficiarios de Honduras y Nicaragua, la medida entraría en vigencia en septiembre.
El impacto, según Flores, sería devastador. “Si no se otorga esta prórroga, el impacto sería letal para nuestras familias. Tendrán que decidir entre separarse o abandonar el país todos juntos. Es una situación dolorosa y crítica”, advirtió.
La jueza Thompson también expresó su preocupación sobre cómo aplicar una decisión judicial: si solo a quienes están nombrados en la demanda o si sería extensiva a todos los beneficiarios del programa. Además, reconoció que los tepesianos han vivido de forma legal, sin historial delictivo, y han contribuido con trabajo e impuestos al país.
Mientras tanto, distintas organizaciones de migrantes siguen de cerca la situación y apuestan por avances legislativos en el Congreso, como la propuesta de la Ley Dignidad, que plantea un camino hacia la residencia para beneficiarios del TPS.
