En comunidades no conocen las ONG que diputados usaron para obras
Congresistas que consiguieron millones de lempiras mediante Gobernación y aceleraron los proyectos para tratar de cubrirse tras escándalo en Sedesol
- 30 de julio de 2025 a las 00:00 /
San Pedro Sula, Honduras.
Calles pavimentadas, canchas techadas y luminarias recién instaladas comenzaron a aparecer finalizadas en varios sectores de Santa Bárbara y Cortés, justo cuando estalló el escándalo por presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Una investigación conjunta de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus en ambos departamentos constató que varias obras gestionadas por diputados y financiadas con fondos públicos, apenas fueron finalizadas hace semanas o un par de meses, a pesar de que los recursos para su ejecución fueron aprobados y desembolsados hace bastante tiempo, en algunos casos desde hace dos años.
En la mayoría de los casos hay rótulos visibles, pero no se detallan procesos de licitación ni existe claridad sobre quién supervisó o fiscalizó las obras, lo único verificable son las estructuras ya terminadas.
Según documentos oficiales, gran parte de los fondos fueron canalizados por diputados a través de organizaciones no gubernamentales prácticamente desconocidas. Este patrón muestra una tendencia recurrente donde los proyectos gestionados suelen ejecutarse con retraso, sin mayor control ciudadano o institucional, y con escasa claridad sobre quién supervisa su desarrollo real.
Recién acabadas
La ruta comenzó en la colonia Casa Quemada, en Cofradía, San Pedro Sula, donde se miró la existencia de un tramo de adoquín de aproximadamente 300 metros, por el cual el diputado Netzer Edú Mejía gestionó 1,156,644 lempiras.
La obra fue ejecutada por la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias, que ningún entrevistado dijo conocer. Según vecinos, los trabajos comenzaron en el mes de mayo y concluyeron recientemente, pero ya se observan fragmentos dañados en el adoquinado.
Entre las colonias Ideal y Modelo, en San Pedro Sula, una promesa largamente postergada finalmente se volvió estructura, el techado de la cancha del centro educativo María José González.
La obra gestionada por el diputado Ramón Enrique Barrios y ejecutada a través de la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias, costó 1,497,772 lempiras, y aunque hoy luce sólida, con estructura metálica, pintura e iluminación, su ejecución tardía no disipa del todo las preguntas.
“Este proyecto venía desde hace unos 30, 35 años”, recordó la maestra Evelyn Grajeda, durante ese tiempo distintas autoridades midieron el espacio, hicieron promesas y se marcharon sin dejar más que papeles.
Fue hasta que la directora del centro, Nohemy Ramírez, envió una solicitud a los diputados Ramón Barrios y su suplente Isabel Valdez que el proceso finalmente avanzó. Según ella, desde que asumió el Partido Libre envió solicitudes todos los años y la respuesta no llegó sino hasta 2024.
La obra, según las docentes, es reciente, visible y completa, pero ¿quién realmente la ejecutó? ¿Hubo participación de alguna ONG o programa institucional?, “no, directamente los diputados”, afirmó la subdirectora de este centro.
Lo cierto es que el proyecto se completó, la obra fue entregada oficialmente el 28 del mes de mayo pasado, de acuerdo con un documento proporcionado a estos medios.
La comunidad educativa lo celebra, por primera vez durante décadas, los estudiantes pueden jugar, entrenar y realizar actos cívicos bajo techo, pero para efectos de fiscalización, de rendición de cuentas y de documentación oficial, aún hay piezas por confirmar, no está claro cómo se asignaron los fondos ni qué participación tuvo realmente la ONG que figura como ejecutora.
“Se supone que a él (Ramón Barrios) le asignaron los fondos, de allí desconozco”, admitió la directora de la escuela, quien arguyó entre líneas no conocer a Mujeres Unidas Extraordinarias.
En el sector El Carmen, también en San Pedro Sula, el centro básico Eusebio Fiallos sobrevivió durante años con instalaciones deterioradas y recursos mínimos. La cancha estaba inutilizable y los pocos arreglos previos se habían hecho con fondos de matrícula, no había techos, ni pintura, ni ayuda institucional, solo sol, polvo y esfuerzo propio.
Eso cambió este año, cuando el diputado Nétzer Mejía gestionó 1,052,581 lempiras para una reparación integral de la cancha y la pintura del muro perimetral, extrañamente, con la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias como ejecutora.
Según el director del centro, la obra comenzó en marzo y concluyó en mayo pasado, el resultado fue piso nuevo, muro rehabilitado y un espacio funcional para responder a las necesidades de la comunidad estudiantil.
“El piso anterior era provisional, no era el adecuado”, recordó el director, quien estimó que la inversión pudo rondar los 800,000 lempiras. “Aquí no había cancha, había sol y todo lo habíamos hecho con la matrícula”, insistió.
También se pintó todo el muro exterior, “todo alrededor, por fuera”, aseguró el director, y se hizo de manera simultánea. Aunque la pintura del muro es reciente, salta a la vista que es de mala calidad y que la inversión fue mínima.
Según continuó diciendo, el diputado Nétzer Mejía los visitó el año pasado y al conocer su estado ofreció apoyo para una reparación.
Fue así como el proyecto tomó forma ¿hubo intermediarios? ¿alguna ONG participó? Según la información brindada, no, se ejecutó directamente con fondos sociales gestionados por el diputado, pues tampoco tienen conocimiento de esta organización.
En otros puntos de San Pedro Sula, las mejoras llegaron con velocidad inusual, pero cargadas de confusión.
A solo unos kilómetros del Eusebio Fiallos, en la residencial Miguel Ángel Pavón, el acceso al centro educativo local fue pavimentado en cuestión de semanas. La diputada Scherly Arriaga gestionó 593,117 lempiras para este proyecto a través de la misma asociación, denominada Mujeres Unidas Extraordinarias. En el terreno, un rótulo con funcionarios ofrece de quién es la autoría del proyecto.
“Se supone que fue el alcalde, pero no lo sabemos con certeza, algunos dicen que fue Scherly, pero aquí no se escuchó nada oficial”, relató una maestra con años de experiencia en la escuela.
La escena se remonta al 27 de marzo pasado, cuando el alcalde Roberto Contreras visitó el centro para entregar útiles escolares. Fue allí donde prometió públicamente pavimentar el tramo de acceso, lo que pocos esperaban fue la inmediatez con la que la promesa se concretó, el 1 de abril comenzaron las obras y para finales de ese mismo mes el tramo ya estaba terminado.
El resultado fue notorio, la calle, antes cubierta de tierra, se transformó en un pavimento hidráulico funcional, facilitando el ingreso de estudiantes, docentes y padres de familia.
Mientras el pavimento se asentó firme, las dudas siguen flotando ¿fue una obra municipal? ¿fue ejecutada con fondos que consiguió la diputada Arriaga? ¿participó alguna ONG? Nadie en la comunidad lo sabe a ciencia cierta, y esa falta de información, en medio de un aparente éxito, vuelve a dejar en evidencia la ejecución de obras públicas sin transparencia, sin seguimiento y sin explicaciones.
El caso no fue único, en otros sectores del valle de Sula el pavimento también apareció de un día para otro, sin muchas explicaciones, pero con presencia institucional visible.
Algo similar ocurrió en la colonia Los Pinos, en el municipio de La Lima, allí la diputada Scherly Arriaga gestionó 998,784 lempiras para la construcción de un tramo de pavimento hidráulico, también mediante la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias, cuyos líderes de patronato dijeron desconocer.
La obra está terminada y funcional, pero, al igual que en Miguel Ángel Pavón, nadie en la comunidad sabe sobre los detalles, solo hay un cartel político con rostros de quienes se atribuyeron oficialmente la gestión. El pavimento está allí, sí, pero el trasfondo de si se ejecutaron correctamente todos los fondos aprobados, permanece enterrado bajo el concreto.
En algunas comunidades, la mejora llegó en forma de luz, aunque con igual oscuridad en los procesos.
En la colonia Nuevo Plan, del municipio de San Manuel, Cortés, el diputado Mario Alberto Gonzales gestionó 593,433 lempiras para instalar hace poco un alumbrado en un campo de fútbol.
Los postes ya están colocados y las luminarias funcionan, pero como en otros casos, no hay registro visible sobre cómo se ejecutó la obra ni quién la supervisó. Personas que viven cerca del predio coincidieron que nunca han escuchado de las ONGs en mención.
Lo mismo ocurre con otras obras recientes, visibles y útiles, pero cubiertas por una niebla de desconocimiento institucional. En la residencial San Ramón, municipio de Villanueva, Cortés, una calle de concreto hidráulico fue construida hace apenas tres meses y habilitada hace uno.
La obra, que cubre unos 200 metros, fue gestionada por el diputado Ronal Pineda a través de otra asociación, llamada Manos a la Obra, con un presupuesto asignado de 950,000 lempiras.
A pesar de su reciente finalización, vecinos parecieron no saber con certeza quién la impulsó ni bajo qué programa. “Omar, el expresidente del patronato, fue quien movió todo eso”, expuso la propietaria de una pulpería, mientras observaba enfrente el concreto fresco y señalaba que él habría gestionado el proyecto, sin mencionar a ningún diputado ni organización.
La calle, recién construida, tiene el sello de una obra terminada hace poco, pero sin información pública sobre cómo se llevó a cabo su ejecución a nivel de fondos.
Lo concreto está allí, pero preguntado sobre si sabía de alguna ONG involucrada, la respuesta de otro vecino fue categórica: “Aquí nunca hemos escuchado de Mujeres Unidas Extraordinarias”.
La constante se repite, con obras rápidas, visibles y bien recibidas por las comunidades, pero con escasa o nula transparencia sobre su origen, responsables y mecanismos de ejecución.
En el barrio La Playa, municipio de Omoa, Cortés, el asombro no proviene solo del nuevo pavimento, sino de la velocidad con que fue construido. “Lo hicieron en una semana”, comentó un joven que trabaja ubicando a los conductores que llegan por turismo al mar.
La calle, de unos 100 metros, fue gestionada por el diputado Mario Alberto Gonzales, quien ejecutó 499,156 lempiras, también mediante la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias.
Los vendedores de la zona aseguraron que la obra se terminó hace menos de un mes y que jamás han escuchado el nombre de esta ong.
El concreto está fresco, las marcas de maquinaria aún visibles y los vecinos agradecidos, pero una vez más la documentación es casi inexistente, no hay placas con información técnica, ni datos sobre cómo se adjudicó el proyecto, ni quién lo fiscalizó.
Del norte al occidente del país, la tendencia continúa. En el barrio El Centro del municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, un tramo de unos 300 metros fue pavimentado recientemente.
La obra fue gestionada por los diputados Betty Elizabeth Rivera y Edgardo Antonio Casaña, con un presupuesto asignado de 500,000 lempiras. El concreto está puesto, la vía se mira nueva, pero al igual que en otros casos, pocos conocen los detalles de su ejecución.
Un vendedor de celulares que tiene su local muy cerca del proyecto, se mostró satisfecho, argumentando que esto trae desarrollo al municipio, pero al igual que los demás, no sabe de la existencia de estas ONGs.
En Azacualpa, como en Omoa, Villanueva o San Pedro Sula, las comunidades reciben los beneficios de la infraestructura, pero sin claridad institucional, sin procesos visibles de fiscalización y sin explicaciones de fondo.
Si en Azacualpa las obras llegaron con poca explicación, en otras zonas del mismo departamento la situación no es diferente.
En la aldea San Francisco, municipio de Trinidad, también en Santa Bárbara, se identificó un tramo pavimentado de aproximadamente 100 metros en los alrededores del parque central.
La obra fue ejecutada hace aproximadamente un mes, según relataron vecinos del sector. La gestión fue atribuida al diputado Ángel Adelso Reyes, quien consiguió 500,000 lempiras para el proyecto.
Aunque el pavimento está en uso, las dudas sobre su origen no se han disipado. “¿Quién lo mandó a hacer?”, se preguntó a una vecina, “el alcalde, pero con fondos del Gobierno”, respondió, revelando una práctica común, la atribución difusa de proyectos públicos, muchas veces sin distinguir si fueron gestionados por alcaldías, diputados u otros actores.
La confusión también se extiende a los nombres de los gestores. “¿Y los diputados?”, se indagó, “sí, aquel día anduvo...” “¿Quién?”, “uno de Santa Bárbara”, “¿no es Adelso Reyes?”, “no, Casaña.” En muchos casos, la única presencia de los legisladores parece ser durante actos de inauguración o breves apariciones. “Solo de larguito lo vi”, comentó una mujer joven y tímida, recordando vagamente la visita de un diputado para la inauguración de una cancha. Otro de los aldeanos evitó declarar y salir en fotografías.
Más al sur del departamento, en el municipio de El Níspero, las señales de gestión legislativa son aún más difusas.
En la aldea Nejapa, el diputado Ángel Adelso Reyes también figura como responsable de la gestión de 250,000 lempiras para la instalación de alumbrado en una cancha de fútbol.
Sobre el terreno, seis postes con luminarias se alzan como único indicio de una intervención reciente, pero lo que debería ser un espacio deportivo activo luce más bien como un terreno en abandono, sin porterías, con el césped cubierto de maleza y sin indicios de uso comunitario.
“Buenas, sí, esto es el campo de fútbol de la aldea”, respondió un anicano al ser abordado durante el recorrido. Su casa está a la par y señaló el área, confirmando que la obra fue realizada recientemente, pero como en otros casos, atribuyó su ejecución a la municipalidad.
Aunque el proyecto se ejecutó y el gasto se justificó como inversión social, el resultado sobre el terreno plantea interrogantes.
Oportunismo político
Este patrón de obras visibles, pero opacas se da en un contexto amplio, el escándalo por supuesta corrupción en Sedesol, que ha puesto bajo la lupa la relación entre fondos públicos y ONGs de escasa trayectoria.
La serie de publicaciones de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus de esta semana ha evidenciado cómo varios diputados canalizaron millones de lempiras a estas organizaciones sin los controles adecuados, abriendo cuestionamiento sobre la legalidad, eficacia y transparencia del modelo de ejecución vigente.
Entre las organizaciones más utilizadas figuran la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias y la Asociación Manos a la Obra, ambas sin presencia pública reconocida, sin páginas oficiales y sin historial técnico conocido en infraestructura.
A pesar de ello, fueron las responsables de ejecutar importantes contratos de pavimentación, techado y alumbrado en distintos municipios de Cortés y Santa Bárbara. En algunos casos, como el de Mujeres Unidas Extraordinarias, se encargaron de múltiples obras simultáneamente en distintos municipios, mientras que la gente desconoce su existencia o su rol en los proyectos ejecutados.
El uso de organizaciones no gubernamentales como canal para ejecutar obras públicas por parte de diputados del Congreso Nacional no solo levanta sospechas de corrupción, sino que, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), configura una práctica que atenta directamente contra la transparencia institucional y la confianza ciudadana.
Juan Carlos Aguilar, máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad, y director de Transparencia dentro de ASJ, sostuvo que no es admisible que millones de lempiras sean gestionados cada año por congresistas sin que exista garantía alguna de cumplimiento efectivo.
“No se puede gestionar fondos ni desembolsar sumas millonarias anualmente para que, al final de cuentas, las obras para las cuales fueron destinados no se realicen”, advirtió.
Aguilar señaló que, si bien los diputados argumentan que solo gestionan los fondos sin manejarlos directamente, esto no los exime de responsabilidad. A su juicio, tanto el Tribunal Superior de Cuentas como el Ministerio Público deben investigar cada caso.
“Debe identificarse dónde existió el punto de quiebre, si fue en la ejecución técnica o en el manejo de recursos, pero estas dinámicas no deberían estar sucediendo. Cuando suceden es porque los fondos han sido desviados, ya sea para campañas políticas o en beneficio de empresas relacionadas”, apuntó.
Para Aguilar, el uso de ONGs no es casual ni nuevo, “lo que encontramos es que muchas de estas organizaciones fueron creadas a la carrera cuando entró el actual gobierno, precisamente para canalizar estos fondos”, explicó. La figura de ONG permite, según el abogado, un margen más amplio para la gestión de proyectos sociales, lo que en la práctica ha funcionado como una “fachada” ideal para desviar fondos públicos.
Recordó que esta práctica no es exclusiva de la administración actual: “Esto también sucedió con Arca abierta, una ONG utilizada para proyectos ficticios en el pasado. Los esquemas se repiten, los diputados montan organizaciones fachada, hacen solicitudes de fondos y luego parte del dinero termina regresando a ellos por vías irregulares”.
Incluso al inicio del presente gobierno se anunció una depuración de ONGs de "maletín", pero Aguilar cuestionó la profundidad de ese proceso, pues a su criterio, “pareciera que solo eliminaron las que no eran afines a ellos, luego reconfiguraron el esquema con sus organizaciones, y lo que vemos ahora es el uso de esas nuevas ONGs para malversar fondos del Estado”.
Uno de los patrones detectados es la ejecución tardía de proyectos, obras iniciadas hasta dos años después de haber sido gestionadas. Para ASJ, este comportamiento responde directamente a la coyuntura.
“Estamos viendo una reacción a que se ha destapado la olla de corrupción en Sedesol y otras instituciones. Los diputados están intentando mostrar obras realizadas para cubrirse, pero si los fondos fueron entregados hace uno o dos años y apenas ahora ejecutan, eso también es corrupción”, advirtió.
Aguilar aclaró que, en condiciones normales, los proyectos sociales de este tipo no deberían demorar más que un par de meses. “No tiene sentido que un proyecto pequeño, de adoquinado o instalación de luminarias, tarde dos años, si lo hace, es porque hubo irregularidades desde su concepción o porque se usó como instrumento político”, dijo.
El impacto de estas prácticas va más allá de lo económico. Según el analista, la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos está directamente relacionada con este tipo de manejos. “Solo uno de cada 10 hondureños cree en los partidos, y es una desconfianza ganada a pulso por las malas decisiones que han tomado, lo vimos en el voto de castigo en 2021 y en las elecciones primarias recientes”, aseguró.
Desde ASJ, la demanda es clara, se debe prohibir que los diputados manejen, gestionen o tramiten fondos públicos destinados a proyectos sociales. “No es que no hagan falta obras, las necesidades son reales, pero deben existir mecanismos transparentes de ejecución, sin la intervención política directa de quienes legislan, solo así se garantizará que los fondos públicos realmente lleguen a quienes los necesitan”, concluyó.
El incumplimiento de promesas por parte de autoridades públicas no solo representa una falla moral o política, también constituye una violación a derechos fundamentales, así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al señalar que esto puede afectar no solo a quienes reciben la promesa, sino también a terceros.
Entre los derechos más vulnerados están el acceso a la salud, la educación y condiciones dignas de vida, afectando especialmente a sectores históricamente marginados, como mujeres, niñez, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Entre 2022 y junio de 2025, el país fue escenario de al menos 1,574 manifestaciones pacíficas, muchas de ellas provocadas por promesas incumplidas o demandas insatisfechas. El 40% de estas protestas se concentraron en el Distrito Central, con 624 eventos, seguido por San Pedro Sula (182), Danlí (102), Choluteca (90) y La Ceiba (64).
