Tegucigalpa, Honduras.
Un juez de lo Penal dictó medidas sustitutivas distintas a la detención judicial a favor del defensor público Pedro José Palacios.
El funcionario judicial es acusado por el Ministerio Público por el delito de cohecho, porque en su condición de defensor público presuntamente le solicitó la cantidad de tres mil lempiras a una persona a quien defendía.
El papel de los defensores públicos es una labor social a favor de las personas que no poseen recursos económicos para pagar un abogado privado y, en su mayoría, su proceder es intachable, informó el Poder Judicial.
Un expediente administrativo abierto por las autoridades del Poder Judicial fue remitido ayer por la tarde a la Inspectoría General de Tribunales para que a lo interno de ese poder se inicie una investigación exhaustiva del caso.
El juez que conoce este proceso judicial programó para el 8 de septiembre la audiencia inicial. Este caso fue remitido a la Fiscalía para Enjuiciamiento de Funcionarios del Sector Justicia.
La pena por el delito de cohecho es castigado en el Código Penal con entre cinco y siete años de reclusión.
Sobre el particular, la Asociación de Defensores Públicos de Honduras ( Asodeph) lamentó lo sucedido y se vio sorprendida por la actitud tomada por el abogado Palacios.
“Nunca, desde la creación de la Defensa Pública se había dado un hecho como el que actualmente se está suscitando”, estableció en una nota de prensa el organismo.
Justificó que el ahora imputado es “relativamente nuevo”.
Este organismo reiteró que el caso de Palacios se encuentra en la etapa de investigaciones y serán los tribunales de justicia los encargados de administrar justicia y resolver en lo que a derecho corresponde.
Un juez de lo Penal dictó medidas sustitutivas distintas a la detención judicial a favor del defensor público Pedro José Palacios.
El funcionario judicial es acusado por el Ministerio Público por el delito de cohecho, porque en su condición de defensor público presuntamente le solicitó la cantidad de tres mil lempiras a una persona a quien defendía.
El papel de los defensores públicos es una labor social a favor de las personas que no poseen recursos económicos para pagar un abogado privado y, en su mayoría, su proceder es intachable, informó el Poder Judicial.
Un expediente administrativo abierto por las autoridades del Poder Judicial fue remitido ayer por la tarde a la Inspectoría General de Tribunales para que a lo interno de ese poder se inicie una investigación exhaustiva del caso.
El juez que conoce este proceso judicial programó para el 8 de septiembre la audiencia inicial. Este caso fue remitido a la Fiscalía para Enjuiciamiento de Funcionarios del Sector Justicia.
La pena por el delito de cohecho es castigado en el Código Penal con entre cinco y siete años de reclusión.
Sobre el particular, la Asociación de Defensores Públicos de Honduras ( Asodeph) lamentó lo sucedido y se vio sorprendida por la actitud tomada por el abogado Palacios.
“Nunca, desde la creación de la Defensa Pública se había dado un hecho como el que actualmente se está suscitando”, estableció en una nota de prensa el organismo.
Justificó que el ahora imputado es “relativamente nuevo”.
Este organismo reiteró que el caso de Palacios se encuentra en la etapa de investigaciones y serán los tribunales de justicia los encargados de administrar justicia y resolver en lo que a derecho corresponde.
