San Pedro Sula, Cortés.
Titulares de los juzgados de Ejecución Penal a nivel nacional anunciaron que denunciarán en la Fiscalía a oficiales militares responsables de las cárceles por 'obstruir' la labor jurisdiccional.
De acuerdo con una comunicación interna, los militares les quieren obstruir el trabajo a los jueces y los limitan, esa situación se trasladará al Ministerio Público por aparente abuso y obstrucción.
El Poder Judicial indicó que el pasado 14 de abril, el coronel de infantería, Mariano Obdulio Pacheco Flores, director de la cárcel de Támara, Francisco Morazán, hizo una solicitud al de igual rango, pero de mayor antigüedad y por ende superior, coronel Alberto Ruiz Cerrato, comandante del Segundo Batallón de Infantería, siempre en Támara.
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En la solicitud se mencionaba acerca del ingreso debidamente identificados de los jueces de Ejecución Penal al módulo de anexo a la cárcel de Támara. La petición agregaba que la finalidad de la visita era notificar el cómputo de la pena al privado de libertad Juan Ramón Ortega Zerón, por lo anterior se pidió tomar todas las medidas de seguridad pertinentes, autorizándoles 20 minutos para que realizaran dicho aviso.
En su comunicado, los representantes del Poder Judicial señalaron que 'ante tal situación, que lejos de ser inusual es reiterativa de parte de los militares que controlan las cárceles para no acatar u obedecer los mandatos y órdenes judiciales, se denunciará ese lesivo proceder, que obstaculiza la efectiva acción de la justicia y perjudica o afecta a los recluidos, a quienes además se les violentan sus derechos'.
El Código Procesal Penal en su artículo 22 ordena lo siguiente: 'queda terminantemente prohibido a los particulares, funcionarios y empleados públicos realizar actos tendentes a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. La contravención a esta norma se sancionará con la pena prevista para el delito de sedición. Los particulares, funcionarios y empleados públicos, civiles o militares, tampoco podrán hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza a los jueces y magistrados, que puedan interferir o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador'.
En tanto, la Ley del Sistema Penitenciario Hondureño en su artículo 104 establece que 'los jueces de Ejecución deben recibir la colaboración y asistencia que se requiera de parte de las autoridades penitenciarias para el cumplimiento de sus atribuciones y sus resoluciones'.
En un comunicado fechado el 16 de septiembre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), entre otros temas, manifestaron su preocupación por el proceso de militarización del sistema penitenciario en Honduras.
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Enfatizaron su reacción especialmente por la declaratoria de emergencia e intervención de dicho sistema por parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, (Fusina), emitida mediante decreto en diciembre de 2019, el cual establecía inicialmente una duración de seis meses, finalizando el 16 de junio del 2020, sin embargo, a través de un reciente decreto la vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que el Estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión, principales resultados y plan de traspaso del sistema a las autoridades civiles.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron que desde la entrada en vigor de la declaratoria de emergencia en referencia, observaron altos niveles de violencia en los recintos penitenciarios. En este sentido se han presentado al menos ocho incidentes en centros penitenciarios y al menos 54 personas privadas de la libertad han perdido su vida, además de múltiples heridos.
En el marco de estos hechos se presentarían alegaciones de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad. Los defensores de derechos humanos aseguraron que varios de los hechos violentos ocurrieron en centros penales de máxima seguridad y en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS), recinto en el que no se habían reportado muertes violentas anteriormente. Además, es un dato preocupante que varios de los incidentes documentados habrían sido perpetrados con armas de fuego y otros objetos prohibidos en manos de personas privadas de la libertad.
Al respecto, pidieron al Estado de Honduras asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, recordaron que el Estado debe cumplir con la obligación de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos mediante una investigación efectiva, pronta, imparcial y la sanción de los responsables en los niveles jerárquicos.
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