Juzgado de Ejecución ordena cierre de El Pozo tras muerte de preso por COVID-19

El 20 de abril se registró la primera muerte por coronavirus de un privado de libertad en Honduras.

El Pozo ha sido noticia en las últimas horas luego de registrar el fallecimiento de un recluso por coronavirus. Foto: LA PRENSA
El Pozo ha sido noticia en las últimas horas luego de registrar el fallecimiento de un recluso por coronavirus. Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Cortés.

Por segunda vez en menos de dos años, el Juzgado de Ejecución en materia penal de los tribunales sampedranos, ha ordenado el cierre de la cárcel El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, ante el riesgo de un contagio masivo por coronavirus.

La orden judicial se origina tras el deceso de un privado de libertad en ese reclusorio y que las pruebas médicas confirmaron fue contagiado por el virus COVID-19.

Ya en octubre de 2018, ese mismo Juzgado solicitó el cierre por el hacinamiento de reclusos dentro de la prisión de El Pozo. "Se ordena nuevamente el cierre del centro penal en Ilama, Santa Bárbara, además, se insta a las autoridades de dicho centro a tomar todos los mecanismos de bioseguridad necesarios al momento del ingreso de su personal”, cita la resolución judicial.

También la parte dispositiva de la resolución pidió a los responsables de esa cárcel que al sacar a algún recluso a un centro hospitalario, al momento de su ingreso, sea a un espacio aislado de las demás personas, proveyéndole en todo momento la asistencia médica que se merece.

Dotar de equipo de bioseguridad

Además, la jueza ordenó aislar totalmente a todos los privados de libertad con afecciones de salud crónicas y manda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, (Sinager) realizar evaluaciones para evitar la evolución de contagios.

De igual manera, demanda a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) proveer de insumos de bioseguridad a todos lo allí recluidos, así como el equipo de protección a todo el personal de la salud, siempre que esté certificado por la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), además de abastecer de medicamentos a los pacientes asintomáticos.

El mandato judicial agrega en su resolución el aislamiento inmediato y la realización de pruebas de coronavirus a todos los privados de libertad.

La Prensa