El proceso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzó ayer viernes con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York.
Raymond Colón, quien es parte de la firma de abogados defensores del exmandatario, indicó al juez Stewart D. Aaron que Hernández “por el momento” acepta la detención, pero “se reserva el derecho a pedir salir bajo fianza”.
Según se conoció en las últimas horas, la comunidad judía radicada en Estados Unidos e Israel buscarían pagar una fianza en favor del exgobernante para que se defienda en libertad; sin embargo, la última palabra la tendrá el juez Kevin Castel, quien decidirá si acepta o rechaza la fianza.
Juristas hondureños coinciden que es casi imposible que el juez acepte la petición de la fianza para defenderse en libertad, puesto que los cargos por los que se le imputa son graves. Se prevé que la fianza alcance el millón de dólares, cifra bastante elevada y difícil de costear o justificar en su condición.
Hernández, quien llegó a la Gran Manzana a la medianoche del jueves, procedente de Tegucigalpa, durante su primera audiencia no llevaba el uniforme del Centro Metropolitano de Detención en el condado de Brooklyn, donde permaneció la primera noche.
El exmandatario (2014-2022), quien mostraba una aparente calma, vestía un abrigo acolchado azul y una camisa blanca durante la breve audiencia, que fue transmitida en circuito cerrado para periodistas (más algunos ciudadanos hondureños que pudieron entrar) en la corte federal en Manhattan donde se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.
Previo al comienzo de la audiencia, en la que estuvo representado por el abogado Raymond Colón, designado por su familia junto con Daniel Pérez para su defensa, Hernández miraba de vez en cuando a su derecha, donde al parecer había una ventana ya que una tenue luz iluminaba su rostro.
En un momento Hernández, aferrado al teléfono a través del cual escuchaba al intérprete, sonrió y tomó un sorbo gaseosa. Con la ayuda del intérprete, el exmandatario escuchó del juez Stewart D. Aaron los cargos presentados en su contra por el Gobierno estadounidense, quien fijó la próxima audiencia para el 10 de mayo.
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Ese día la audiencia será ante el juez Kevin Castel, quien presidirá su caso, como también hizo con el excongresista Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente y que cumple en Estados Unidos cadena perpetua por narcotráfico.
Juan Orlando Hernández está acusado de tres delitos, cometidos según la fiscalía federal, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.
Ante la pregunta del juez, se limitó a decir que conocía los cargos por los que está siendo acusado. El juez también leyó sus derechos al ahora preso: a no incriminarse con sus declaraciones, tener un abogado de oficio o de su elección, tener asistencia consular, entre otros, pero no le preguntó en esta primera sesión de instrucción si se declaraba culpable o inocente.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, ha dicho que Hernández dirigía a Honduras como un “narco-estado”.
Hernández, que antes de que se presentaran cargos en su contra había sido identificado en un documento de la fiscalía de Manhattan como el “CC-4” sin nunca mencionar su nombre y vinculándolo con el narcotráfico, ha reiterado en varias ocasiones que es inocente. Incluso, antes de ser deportado grabó un mensaje para los hondureños, que fue dado a conocer en las redes sociales por su esposa Ana García.
Desde antes de comenzar la audiencia, un grupo de hondureños celebraba a la puerta del tribunal con gritos, tambores y cantos que Hernández haya sido arrestado y esté enfrentando un proceso judicial en ese país, y reclamaban que fuera condenado a tres cadenas perpetuas. Algunos portaban carteles con mensajes como “Narco gobierno obliga al pueblo a emigrar”, “Justicia para las víctimas del narcotráfico” o “No hay clemencia para narco-políticos”.
Dos hombres vestían uniforme naranja como el de las prisiones y tenían sus manos encadenadas: uno cubría su rostro con la foto del expresidente y el otro con la de su hermano Tony Hernández.
“Estamos pidiendo justicia y celebrando la justicia que no hemos podido tener nunca en Honduras”, dijo Lina Perdomo, quien se identificó como activista y dirigió la protesta. Aseguró que los hondureños sienten “satisfacción” por el proceso iniciado por el Gobierno de Estados Unidos y también “esperanzas de que caiga toda la estructura criminal porque él era solo la punta del iceberg”.
