28/03/2024
08:55 AM

Jesús Mejía tras investigación del MP: “Yo estoy aquí para responder”

El MP está investigando a Jesús Mejía y a otras personas por supuestos actos irregulares.

Tegucigalpa, Honduras.

“Yo estoy aquí para responder lo que tenga que responder”, así fue como reaccionó Jesús Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), luego de conocer que el Ministerio Público lo está investigando.

La fiscalía hondureña reveló hoy que Mejía está bajo la lupa por una multimillonaria demanda que perdió la empresa estatal luego de la firma de un presunto contrato irregular.

Según el exgerente, la investigación surge luego de una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y no por un señalamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

“Porque, cuando uno mira el informe del Tribunal Superior de Cuentas, Jesús Mejía no es la persona señalada. Ojalá sigan investigando, que recopilen toda la información y que deduzcan responsabilidad”, agregó.

Por otro lado, Jesús Mejía manifestó que, al menos por ahora, no ha sido llamado a rendir declaración. “Espero que pronto podamos colaborar con ellos. Mientras yo fui gerente, ellos nunca hicieron una acción”, opinó el exgerente.

La investigación

El MP anunció este miércoles que ante una denuncia del CNA se abrió una investigación en contra Jesús Arturo Mejía por un contrato irregular de generación de electricidad.

“(...) Se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018, por el que se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares”, informó el MP.

Según la Fiscalía, los investigados son Jesús Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del CNA. Se ampliaron las diligencias en relación “al periodo desde que se suscribió el contrato y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la Enee”.

Además, el MP aseguró que la investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad.

Sin embargo, señaló que “determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como es característico en todos los procesos entablados por el Ministerio Público”.