El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles que ante una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se abrió una investigación en contra Jesús Arturo Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), por un contrato irregular de generación de electricidad.
“En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información y data digital en la Enee, donde se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018, por el que se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares”, informó el MP en un comunicado.
Según la Fiscalía, los investigados son Jesús Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del CNA. Asimismo, detalló que se ampliaron las diligencias en relación “al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la Enee”.
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Además, el MP aseguró que la investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad; sin embargo, señaló que “determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como es característico en todos los procesos entablados por el Ministerio Público”.
Otras acciones en el marco de la Operación Némesis VIII
Por otra parte, en Némesis VIII que se ejecuta a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la Atic, acusó al director del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula (hasta 2010), José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo al ente persecutor del delito, el exfuncionario, en el año 2004, hizo caso omiso a una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios, irrespetando la medida precautoria e inscribiendo la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.
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Entre otras acusaciones, se suma una investigación por actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP), promovidas contra Víctor Antonio Andrades García, exregistrador de La Ceiba, Atlántida, y contra Edson Roberto Laboriel, exoficial civil de Trujillo, Colón.