San Pedro Sula, Honduras.
Ante la indiferencia de las autoridades, las invasiones siguen proliferando en San Pedro Sula.
Hace varias semanas que en el cerro adyacente al parque acuático Zizima, bulevar del este, individuos han hecho dos pequeñas galeras cubiertas de nailon.
Además, en el extenso terreno se puede observar que han limitado con cordones y cabuyas varias parcelas. Este pasado fin de semana, familias completas de bajos recursos tuvieron reuniones en el sitio, adonde trascendió que han sido motivados por otras personas para invadir las tierras. Esta situación ha activado la alarma en los sampedranos, sobre todo porque este ha sido un problema que por años ha limitado inversiones y desarrollo a la ciudad.
Aunque no se conoce cuántas invasiones hay en San Pedro Sula, expertos señalan que hay docenas de familias que cada vez se asientan más en sectores como El Carmen y Cofradía. Lo más difícil es que los propietarios de los terrenos deben atravesar engorrosos procesos para comprobar que son los dueños y que se les conceda la orden de desalojo, indicó Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih).
Para Villegas, la falta de seguridad jurídica en el país está entre las principales razones por las que los urbanizadores reconsideran invertir en Honduras.
Ilsi Ventura, del Instituto de la Propiedad (IP), informó que están en registro 163 solicitudes de expropiaciones de la zona noroccidental, en las que la mayoría corresponde a San Pedro Sula.
Al consultarle a Ventura por qué son los dueños de las tierras que deben comprobar sus derechos, contestó: “Por el derecho de petición que tienen los asentamientos humanos no se les puede negar. Lo que les toca a ellos (los propietarios) es presentar la documentación para demostrar que son invasiones y que ellos son los dueños”.
Ventura señaló que ya han tenido casos en que se han declarado sin lugar solicitudes de expropiaciones porque las personas que han comparecido han logrado demostrar que son las dueñas.
Reconoce que hay casos que tardan un mínimo de un año hasta llegar a una resolución. Según autoridades del IP, las últimas expropiaciones se hicieron en 2012.
En el libro de requerimientos de 2015 del Juzgado de Letras de lo Penal hay registrados 12 requerimientos por invasiones. De esos 12, solo uno ya fue cerrado, pues les dieron medidas sustitutivas a los acusados y orden de desalojo.
Ante la indiferencia de las autoridades, las invasiones siguen proliferando en San Pedro Sula.
Hace varias semanas que en el cerro adyacente al parque acuático Zizima, bulevar del este, individuos han hecho dos pequeñas galeras cubiertas de nailon.
Además, en el extenso terreno se puede observar que han limitado con cordones y cabuyas varias parcelas. Este pasado fin de semana, familias completas de bajos recursos tuvieron reuniones en el sitio, adonde trascendió que han sido motivados por otras personas para invadir las tierras. Esta situación ha activado la alarma en los sampedranos, sobre todo porque este ha sido un problema que por años ha limitado inversiones y desarrollo a la ciudad.
Aunque no se conoce cuántas invasiones hay en San Pedro Sula, expertos señalan que hay docenas de familias que cada vez se asientan más en sectores como El Carmen y Cofradía. Lo más difícil es que los propietarios de los terrenos deben atravesar engorrosos procesos para comprobar que son los dueños y que se les conceda la orden de desalojo, indicó Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih).
Para Villegas, la falta de seguridad jurídica en el país está entre las principales razones por las que los urbanizadores reconsideran invertir en Honduras.
Ilsi Ventura, del Instituto de la Propiedad (IP), informó que están en registro 163 solicitudes de expropiaciones de la zona noroccidental, en las que la mayoría corresponde a San Pedro Sula.
Al consultarle a Ventura por qué son los dueños de las tierras que deben comprobar sus derechos, contestó: “Por el derecho de petición que tienen los asentamientos humanos no se les puede negar. Lo que les toca a ellos (los propietarios) es presentar la documentación para demostrar que son invasiones y que ellos son los dueños”.
Ventura señaló que ya han tenido casos en que se han declarado sin lugar solicitudes de expropiaciones porque las personas que han comparecido han logrado demostrar que son las dueñas.
Reconoce que hay casos que tardan un mínimo de un año hasta llegar a una resolución. Según autoridades del IP, las últimas expropiaciones se hicieron en 2012.
En el libro de requerimientos de 2015 del Juzgado de Letras de lo Penal hay registrados 12 requerimientos por invasiones. De esos 12, solo uno ya fue cerrado, pues les dieron medidas sustitutivas a los acusados y orden de desalojo.
