San Pedro Sula, Honduras.
Las pérdidas que causan las invasiones son incalculables; esta problemática social ha producido un bloqueo en el desarrollo de infraestructura urbana y crecimiento económico, específicamente en el sector sureste de esta ciudad.
En 2007, con la elaboración de diseños y los procesos para obtener una licencia ambiental comenzó a gestarse el ambicioso proyecto Distrito La Arboleda.
La primera fase de este complejo habitacional contempla la construcción de 1,100 casas y apartamentos dirigidos a personas de clase media alta.
En 2012 inició la edificación de las viviendas, pero no prosperó porque esos terrenos fueron presuntamente invadidos por familias de escasos recursos. “El año pasado nos extendió las resoluciones el Instituto de la Propiedad; con esa situación iniciamos las acciones. Los juzgados determinaron que teníamos que seguir una vía diferente, la cual se está siguiendo”, dijo Carlos Cano, urbanizador del proyecto.
El reclamo de Cano es el tiempo que ha tardado en hacer efectivo el desalojo de estas personas y comenzar la obra, sobre todo porque ya presentaron toda la documentación que los valida como propietarios de esas tierras.
En los terrenos se han construido casas de concreto y algunas viviendas humildes, pero cada vez más personas están comprando tierras de forma ilegal, aducen los dueños. Además de la residencial, el proyecto incluye una escuela bilingüe con capacidad para unos 1,100 alumnos, un moderno hospital y clínica orientado al turismo de salud, investigación y transferencia tecnológica, un hotel con un amplio centro de convenciones, un centro de negocios y una zona viva.
El Distrito La Arboleda se construiría en un área de 91.2 manzanas en la carretera que conduce a la aldea El Carmen.
La inversión hasta la fecha ha sido de L400 millones en terrenos, diseños y licenciamiento; sin embargo, el monto total proyectado es de 1,050 millones de dólares.
El capital proviene de inversión nacional y estadounidense. “Creemos que el proyecto generaría más de 1,200 empleos directos e indirectos durante su construcción y más de 20 mil cuando ya esté operando”.
Otras invasiones
Jerónimo Zelaya, propietario de la residencial San Jerónimo en Cofradía, manifestó que en 2004 obtuvieron la autorización municipal para construir 175 viviendas en un área de 74 manzanas; 15 manzanas de la herencia familiar quedaron fuera del proyecto.
En septiembre de 2005, el Gobierno anunció que 50 colonias de Cofradía habían sido expropiadas, incluyendo la residencial San Jerónimo. En 2009, luego de un vía crucis legal, salió publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto que excluye a San Jerónimo de las expropiaciones.
No obstante, en 2013 c omenzaron a instalarse las invasiones en un lote de ocho manzanas y aunque la orden de desalojo se hizo efectiva en febrero de este año, los invasores han regresado.
Actualmente están ocupando 83 lotes, además de otros que ya habían sido comprados por clientes del proyecto urbanístico. “Ahorita estamos por sacar las órdenes de captura con nuestros apoderados legales para los cabecillas de esa invasión”, indicó.
Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), declaró que la falta de seguridad jurídica en el país está entre las principales razones por las que los urbanizadores reconsideran invertir en Honduras.
Villegas define como “absurdo” que los dueños de los terrenos son los que tienen que comprobar que son los propietarios de las tierras ante los juzgados y no que sean los invasores los cuestionados.
Añadió que aunado al trámite engorroso, es altamente oneroso para el desarrollador el desalojo de esas invasiones. “Un desalojo cuesta entre 30 y 50 mil lempiras; hay que alquilar la maquinaria, darle alimentación al contingente policial, pagar combustible”.
En el libro de requerimientos de 2015 del Juzgado de Letras de lo Penal hay registrados 12 requerimientos en lo que va del año. De esos 12, solo uno ya fue cerrado, pues les dieron medidas sustitutivas a los acusados y orden de desalojo.
Las pérdidas que causan las invasiones son incalculables; esta problemática social ha producido un bloqueo en el desarrollo de infraestructura urbana y crecimiento económico, específicamente en el sector sureste de esta ciudad.
En 2007, con la elaboración de diseños y los procesos para obtener una licencia ambiental comenzó a gestarse el ambicioso proyecto Distrito La Arboleda.
La primera fase de este complejo habitacional contempla la construcción de 1,100 casas y apartamentos dirigidos a personas de clase media alta.
En 2012 inició la edificación de las viviendas, pero no prosperó porque esos terrenos fueron presuntamente invadidos por familias de escasos recursos. “El año pasado nos extendió las resoluciones el Instituto de la Propiedad; con esa situación iniciamos las acciones. Los juzgados determinaron que teníamos que seguir una vía diferente, la cual se está siguiendo”, dijo Carlos Cano, urbanizador del proyecto.
El reclamo de Cano es el tiempo que ha tardado en hacer efectivo el desalojo de estas personas y comenzar la obra, sobre todo porque ya presentaron toda la documentación que los valida como propietarios de esas tierras.
En los terrenos se han construido casas de concreto y algunas viviendas humildes, pero cada vez más personas están comprando tierras de forma ilegal, aducen los dueños. Además de la residencial, el proyecto incluye una escuela bilingüe con capacidad para unos 1,100 alumnos, un moderno hospital y clínica orientado al turismo de salud, investigación y transferencia tecnológica, un hotel con un amplio centro de convenciones, un centro de negocios y una zona viva.
El Distrito La Arboleda se construiría en un área de 91.2 manzanas en la carretera que conduce a la aldea El Carmen.
La inversión hasta la fecha ha sido de L400 millones en terrenos, diseños y licenciamiento; sin embargo, el monto total proyectado es de 1,050 millones de dólares.
El capital proviene de inversión nacional y estadounidense. “Creemos que el proyecto generaría más de 1,200 empleos directos e indirectos durante su construcción y más de 20 mil cuando ya esté operando”.
 Plano del hospital del Distrito La Arboleda.
|
Jerónimo Zelaya, propietario de la residencial San Jerónimo en Cofradía, manifestó que en 2004 obtuvieron la autorización municipal para construir 175 viviendas en un área de 74 manzanas; 15 manzanas de la herencia familiar quedaron fuera del proyecto.
En septiembre de 2005, el Gobierno anunció que 50 colonias de Cofradía habían sido expropiadas, incluyendo la residencial San Jerónimo. En 2009, luego de un vía crucis legal, salió publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto que excluye a San Jerónimo de las expropiaciones.
No obstante, en 2013 c omenzaron a instalarse las invasiones en un lote de ocho manzanas y aunque la orden de desalojo se hizo efectiva en febrero de este año, los invasores han regresado.
Actualmente están ocupando 83 lotes, además de otros que ya habían sido comprados por clientes del proyecto urbanístico. “Ahorita estamos por sacar las órdenes de captura con nuestros apoderados legales para los cabecillas de esa invasión”, indicó.
Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), declaró que la falta de seguridad jurídica en el país está entre las principales razones por las que los urbanizadores reconsideran invertir en Honduras.
Villegas define como “absurdo” que los dueños de los terrenos son los que tienen que comprobar que son los propietarios de las tierras ante los juzgados y no que sean los invasores los cuestionados.
Añadió que aunado al trámite engorroso, es altamente oneroso para el desarrollador el desalojo de esas invasiones. “Un desalojo cuesta entre 30 y 50 mil lempiras; hay que alquilar la maquinaria, darle alimentación al contingente policial, pagar combustible”.
En el libro de requerimientos de 2015 del Juzgado de Letras de lo Penal hay registrados 12 requerimientos en lo que va del año. De esos 12, solo uno ya fue cerrado, pues les dieron medidas sustitutivas a los acusados y orden de desalojo.
