El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras determinó este lunes reforzar las medidas de seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, y en el centro penal de San Pedro Sula, tras l
la construcción de un centro penal y la forma de acelerar los dos procesos que están en marcha tanto el de San Pedro Sula como el que hay que buscarle destino y que inicialmente se planeaba edificar en Comayagua, apuntó.
Señaló que se han detectado problemas en las salidas invocando salud, es decir, personas que están presas y hacen usos exagerados o indebidos o inapropiados por motivos de salud y es un tema que va a ser corregido de forma profesional y de manera muy estricta y pasará por el escrutinio de los dos anillos de seguridad.
Respecto a las llamadas telefónicas, indicó que las mismas tendrán un control de acuerdo a los estándares internacionales y al estar establecido el primer anillo de seguridad, los teléfonos clandestinos celulares, dejan de existir en los centros penitenciarios.
Afirmó que las llamadas telefónicas a la que tienen derecho todas las personas, estarán bajo el reglamento internacional para comunicación de reos y toda llamada que salga, será gravada.
“Con esto esperamos, de forma inmediata, hacer una contención a los problemas que se presentaron el día sábado y que en el pasado se han presentado otras situaciones que es de urgencia contenerlos”, acotó.
Indicó que en la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los miembros de esa instancia deberán llevar propuestas acerca de dos escenarios posibles para cada una de las situaciones, tanto el de San Pedro Sula como para el centro penitenciario que se suponía, sería construido en Comayagua.
El funcionario aseguró que el ingreso de armas a los centros penales, será prácticamente imposible, porque el primer anillo no está en manos de los custodios, sino de las Fuerzas Armadas, por el que todo mundo deberá pasar, incluso el director.
Advirtió que las pruebas de confianza son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la Policía Nacional y son de carácter permanente.
Recalcó que la medida se toma por un período de 90 días a partir de mañana martes, lapso en el que se espera haber superado los principales problemas que se han presentado en los recintos penitenciarios.