Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso Nacional una iniciativa para reformar la ley de secretos que aseguran tiene el objetivo de terminar con la impunidad en el país y generar la transparencia sobre el gasto de los fondos públicos.
Así lo informó el secretario ejecutivo de Consejo de Ministros, Ebal Díaz, quien expuso que el proyecto del Poder Ejecutivo propone “la reforma de 20 artículos de la Ley de Clasificación de Documentos para que el Congreso la pueda someter a discusión”.
Díaz indicó que por instrucciones del presidente Hernández se envió esta iniciativa al Legislativo. “Esperemos que pronto sea recibida o enviada a una comisión de dictamen para su plena discusión”.
El funcionario precisó que plantean reformas desde el artículo uno al 15, adicionando cuatro: 4A, 4B, 4C y 4D, “de tal manera que eso responde a las inquietudes que se han dado en relación al contenido de la ley”.
“El cuestionamiento de la sociedad civil ha sido general, pero creemos en el uso de recursos públicos es el principal cuestionamiento por lo que se centran en temas económicos, mientras que el de defensa y de seguridad se debe mantener en un cierto grado de ‘secretividad’”, añadió Diáz.
El Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso Nacional una iniciativa para reformar la ley de secretos que aseguran tiene el objetivo de terminar con la impunidad en el país y generar la transparencia sobre el gasto de los fondos públicos.
Así lo informó el secretario ejecutivo de Consejo de Ministros, Ebal Díaz, quien expuso que el proyecto del Poder Ejecutivo propone “la reforma de 20 artículos de la Ley de Clasificación de Documentos para que el Congreso la pueda someter a discusión”.
Díaz indicó que por instrucciones del presidente Hernández se envió esta iniciativa al Legislativo. “Esperemos que pronto sea recibida o enviada a una comisión de dictamen para su plena discusión”.
El funcionario precisó que plantean reformas desde el artículo uno al 15, adicionando cuatro: 4A, 4B, 4C y 4D, “de tal manera que eso responde a las inquietudes que se han dado en relación al contenido de la ley”.
“El cuestionamiento de la sociedad civil ha sido general, pero creemos en el uso de recursos públicos es el principal cuestionamiento por lo que se centran en temas económicos, mientras que el de defensa y de seguridad se debe mantener en un cierto grado de ‘secretividad’”, añadió Diáz.
