Tegucigalpa, Honduras
Cada segundo que pasa acerca a miles de hondureños a la fecha límite que determina su permanencia legal en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), convirtiendo el transcurso del tiempo en una creciente fuente de angustia, incertidumbre y estrés.
Ante el complejo escenario migratorio en ese país, más de 55,000 compatriotas corren el riesgo de perder este amparo y enfrentar posibles procesos de deportación.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, se encuentra en Washington, D. C., para dar seguimiento de cerca a la decisión que puedan tomar las autoridades norteamericanas.
“Hemos concluido las acciones para el TPS, lo único que queda es esperar. Tenemos información de que nos toca esperar hasta el día sábado. Por lo que nos toca seguir con la angustia y agonía de este tema”, expresó Flores.
También lamentó la dureza de la situación, pues muchas personas están confundidas, estresadas, preocupadas y con miedo respecto a lo que pueda suceder tras el 5 de julio.
“Esperamos que la respuesta sea positiva. Hemos estado trabajando desde hace muchos meses para lograr la ampliación, al menos tener una extensión mínima de seis meses”, recalcó el líder migrante.
Flores explicó que, al no haberse realizado un anuncio oficial por parte del gobierno de Estados Unidos 60 días antes del vencimiento del TPS para Honduras —es decir, el pasado 5 de mayo—, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA 244) establecía que dicho anuncio previo era clave para definir si habría extensión o cancelación.
El dirigente indicó que, en consulta con abogados expertos en temas migratorios, se ha determinado que la ausencia de dicho anuncio puede dar lugar a una prórroga de seis meses, aunque esta decisión queda bajo la discreción de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien podría extenderlo incluso por 12 o 18 meses si así lo considera. “Estamos esperando que se cumpla lo que dice el estatuto”, expresó.
Aunque el plazo vence este sábado 5 de julio, Flores aseguró que todavía existe esperanza de que el Departamento de Seguridad Nacional anuncie en los próximos días una extensión que brinde un respiro temporal a los más de 55,000 hondureños amparados bajo este estatus.
Mientras tanto, las organizaciones en Estados Unidos permanecen en alerta, preparando acciones legales y estrategias de respaldo en caso de que el beneficio no sea renovado.
Extensión automática del TPS para hondureños
El vicecanciller Gerardo Torres afirmó que, si el gobierno estadounidense no emite ningún anuncio oficial, el beneficio se extenderá de forma automática por seis meses, conforme a sus normativas internas.
“Faltan menos de 48 horas y si Estados Unidos se mantiene sin manifestarse, como lo ha hecho hasta ahora, el TPS se ampliaría hasta el 5 de diciembre”, explicó Torres.
“Se ha realizado un trabajo coordinado por la presidenta, con el canciller Reina, y ahora con el canciller Bu, manteniendo comunicación permanente con Estados Unidos”, afirmó.
El funcionario destacó que la presidenta Xiomara Castro ha encabezado múltiples gestiones para mantener y fortalecer los vínculos con el gobierno estadounidense en materia migratoria, resaltando la reciente visita de la secretaria Kristi Noem como muestra del buen estado de la relación bilateral.
Según Torres, estas acciones no solo buscan la renovación del TPS, sino también facilitar el acceso a asilo y otros mecanismos migratorios para hondureños que no cuentan con estatus legal.
El vicecanciller recordó que el TPS tiene más de 25 años de vigencia, pues fue otorgado originalmente tras el paso del huracán Mitch en 1998, y que, con el paso del tiempo, el número de beneficiarios ha disminuido por diversas razones, entre ellas migración hacia otros estatus legales, fallecimientos o retorno voluntario al país.
“El TPS no es una residencia, pero sí otorga derechos superiores a una visa. Permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, aunque sigue siendo una medida temporal”, explicó Torres.
A pesar de su carácter no permanente, el estatus representa estabilidad para miles de familias y es una fuente de ingresos esenciales mediante las remesas.
“Más allá de las divisas, para la presidenta lo más importante es el bienestar de las personas y sus familias. Proteger a quienes tienen TPS ha sido parte central de nuestra política exterior”, aseguró.
El gobierno mantiene la expectativa de que, en ausencia de un pronunciamiento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la renovación automática de seis meses se concrete en los próximos días. De ser así, los beneficiarios deberán estar atentos a los nuevos plazos y al proceso de reinscripción que se activaría posteriormente.
Un juez federal impide poner fin al TPS otorgado a Haití
Un juez federal dictaminó como “ilegal” la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, de anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, lo que supone un obstáculo para la Casa Blanca, que había puesto fin al amparo migratorio la semana pasada.
Noem modificó en febrero pasado la extensión de 18 meses para el TPS, que beneficiaba a más de medio millón de haitianos, otorgado por la administración de Joe Biden (2021-2025), y que culminaba el 3 de febrero de 2026.
La secretaria redujo el beneficio a doce meses e impuso como nueva fecha de vencimiento el 3 de agosto de 2025, lo que le permitió anunciar el fin de la protección el viernes pasado. Sin embargo, este martes, el juez Brian Cogan dictaminó que Noem “no tiene autoridad legal” para “anular parcialmente” la designación de TPS de un país.
El magistrado señaló que decenas de miles de haitianos han llegado a depender del TPS, que les otorga permiso de trabajo y los protege de la deportación, por lo que retirarles el beneficio antes de febrero de 2026 “representa un perjuicio significativo” que el tribunal tiene la facultad de corregir.
El fallo de Cogan, designado por el expresidente George W. Bush (2001-2009) para el Distrito de Nueva York, devuelve la esperanza a miles de inmigrantes haitianos protegidos por el amparo migratorio, quienes el viernes pasado recibieron un duro golpe con el anuncio de Noem.
La administración federal había dado plazo a los beneficiarios hasta el 2 de septiembre para aplicar a otro beneficio migratorio o abandonar voluntariamente el país.
La decisión en la demanda presentada por nueve haitianos afectados podría beneficiar a otros inmigrantes de ese país amparados por el TPS, según explicó el juez Cogan, citando su facultad de detener las acciones de las agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La interpretación llega tras el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que se manifestó en contra de los mandatos judiciales universales que protegen con su fallo a otros afectados, más allá de los demandantes originales.
En el caso de Haití, cerca de 521,000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el TPS, después de que el gobierno de Biden ampliara en julio de 2024 el beneficio hasta 2026.
Haití ha sido designado para el TPS en varias ocasiones debido a crisis humanitarias, incluido el devastador terremoto de 2010 y la actual inestabilidad política y social.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
