Los conflictos que se originan por la defensa y protección de los recursos naturales en el país en muchas ocasiones terminan con la muerte de defensores ambientales.
En Honduras, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, en los últimos 20 años han muerto más de 200 personas vinculadas a la defensa del medioambiente.
Para prevenir que más sean víctimas de los conflictos socioambientales, diferentes sectores hacen un llamado al Gobierno a que se adhiera al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto ambiental en Latinoamérica.
Para saber
1__El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) en marzo de 2018 en Costa Rica.
2__Se trata del primer instrumento en materia ambiental para América Latina y el Caribe.
3__Bancos internacionales de cooperación han destacado la relevancia del Acuerdo como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones.
Pedro Landa, fundador de la Red Hondureña por Escazú, considera que si Honduras se une al acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe, vendría a reducir enormemente los conflictos socioambientales, a fortalecer la lucha contra el cambio climático, reducir la vulnerabilidad ambiental y a fortalecer las inversiones.
“Lo vemos extremadamente importante porque en los últimos cinco años, según informes de organismos especializados, Honduras figura dentro de los cinco países más violentos y peligrosos para el activismo ambiental y para los defensores del medioambiente”.
Landa manifestó que actualmente tienen identificados 34 conflictos socioambientales en diferentes puntos del país, por proyectos que buscan convertir los recursos naturales en una mercancía y que han desplazado a comunidades enteras.
Al ser parte Honduras del acuerdo “habría mayor responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos y estaría en la obligación el Poder Judicial de crear las condiciones para poder garantizar los derechos de las personas cuando se cometa un delito ambiental”, manifestó.
Ratificado
El acuerdo, que ya fue ratificado por 14 naciones, garantiza el derecho de acceso a la información pública, es decir, obliga a las naciones que son parte a brindar toda la información antes que se otorgue el permiso para que se opere un proyecto; el derecho a la participación ciudadana, o sea que para otorgar los permisos y las concesiones, como requisito tiene que ser aprobados y aceptados por la población, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el que se crearían tribunales en esa materia y se reformarían leyes que a criterio de Landa blindan a quienes ejecutan los proyectos extractivistas.
A través de una iniciativa ciudadana, diferentes organizaciones buscan que las autoridades gubernamentales se unan al acuerdo. Las organizaciones comenzaron con la recolección de las firmas de los ciudadanos para presentar la iniciativa ante el Congreso Nacional, para que esta sea debatida y aprobada.
“El acuerdo de Escazú es una herramienta necesaria el acceso a la información, justicia ambiental y participación ciudadana”, indicó Lucía Vijil, asesora en Justicia Ambiental del Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad).
