23/02/2024
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MP destina L108 millones al mes por concepto de salarios

  • 17 abril 2023 /

A pesar de que se ha logrado un acuerdo salarial, los fiscales mantienen tomadas las instalaciones de la sede en la capital

San Pedro Sula, Honduras.

El Ministerio Público (MP) atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó a operar en 1994.

Desde hace más de dos meses, un grupo de fiscales iniciaron una serie de manifestaciones, cuyos alcances han sido nefastos, de acuerdo a analistas, porque se ha dejado de realizar autopsias, presentación de acusaciones y el vencimiento de medidas cautelares, provocando una severa impunidad.

Exigen un incremento salarial, el que han venido recibiendo en los últimos años, pero que en este 2023 no fue contemplado por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Pero, ¿cuánto eroga el Ministerio Público por concepto de salarios a empleados y fiscales? De acuerdo a las cifras oficiales, este órgano contralor del Estado desembolsa más de 108.2 millones de lempiras al mes, que son destinados al pago de salarios de 3,788 funcionarios; entre ellos 3,599 empleados por acuerdo y 189 por contrato.

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En los últimos años, la planilla de la Fiscalía se ha incrementado por el alto costo de la vida y la inflación. En noviembre de 2020, la planilla del MP alcanzaba los 100 millones de lempiras y en 2021, sobrepasaba los L103.7 millones.

El salario de un agente de investigación oscila entre 20 mil y 25 mil lempiras al mes. Mientras que el de un detective oscila entre 20 mil y 40 mil lempiras mensuales.

Aunque los manifestantes lograron un aumento de 3,600 lempiras, las protestas persisten en el Ministerio Público.

En un documento oficial, los protestantes plantean una especie “de borrón y cuenta nueva”, para no recibir los castigos disciplinarios contemplados en el Reglamento Interno del MP.

A lo largo de la crisis, se reportaron agresiones a empleados del organismo fiscal, el encadenamiento de las oficinas, intimidaciones y apología al odio a quiénes no se incluían a las protestas, entre otros.

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Los empleados plantean en el documento que “luego de la conclusión de la protesta pacífica se genere un ambiente laboral adecuado, que facilite poner al día las labores institucionales”.

Además, que el fiscal general Óscar Chinchilla, “adquiera el compromiso de no realizar ni realicen acciones que generen intranquilidad laboral.