El Gobierno de Honduras informó oficialmente su retiro del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992, con efecto inmediato, en el marco de una decisión basada en el ejercicio pleno de su soberanía y conforme al derecho internacional.
De acuerdo con la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mecanismo regional venía operando únicamente con dos Estados parte, situación que —según el comunicado— ha modificado de manera sustancial las condiciones bajo las cuales fue creado el instrumento, afectando su operatividad, representatividad y carácter multilateral.
El Gobierno hondureño señaló que la decisión se enmarca en las prioridades de eficiencia de la Agenda Presidencial 2026–2030, orientada al reordenamiento institucional y al saneamiento de las finanzas públicas.
Asimismo, se indicó que la salida de este mecanismo permitirá una liberación de aproximadamente 720,946.71 dólares anuales, recursos que serán redirigidos a prioridades ciudadanas, según el planteamiento oficial.
Las autoridades no ampliaron detalles adicionales sobre los efectos jurídicos o administrativos del retiro, más allá de lo establecido en el comunicado.
