El sistema judicial hondureño, engranaje responsable de disuadir, perseguir y castigar el delito, operará en 2024 con un presupuesto levemente superior al asignado en los tres años previos (2021, 2022 y 2023) frente a un alto nivel de impunidad y mora judicial.
Del Presupuesto General de la República, que asciende a 407,137,469,634 lempiras, la Secretaría de Seguridad operará con L11,651,738,277 (equivalente al 2.86%), el Poder Judicial con 3,897,386,234 lempiras (0.96%) y el Ministerio Público con L2,479,283,987 (0.61%).
Los tres sectores suman L18,028,408,498, equivalente al 4.43% del Presupuesto General de la República. El año anterior, el Congreso Nacional les aprobó alrededor de L15,000 millones (4.04%); en el primer año de gobierno de Xiomara Castro, en 2022, L13,087,055,557 (3.6%) y en el último año de la administración de Juan Orlando Hernández, L11 mil millones (4.09%).
La Secretaría de Seguridad, de una asignación de 6,970,580,428 lempiras (equivalente a 2.41% de un presupuesto general de L288,871,117,115) en el último año de Hernández, pasó en 2024 a recibir un aumento de 4,681,157,849 lempiras (respecto a ese año) para alcanzar los L11,651,738,277.
Mientras el presupuesto del Poder Judicial pasó de L2,724,882,804 (2021) a L3,897,386,234 (2024) y el del Ministerio Público pasó de 2,105,475,158 de lempiras (2021) a L2,479,283,987 (2024).
Abogados consultados por Diario LA PRENSA dijeron que debido a que el Ministerio Público “sigue con un bajo presupuesto, esa institución no tiene la suficiente capacidad técnica, científica y logística para investigar el delito y reducir la impunidad”.
Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y aspirante a presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), explicó que “los porcentajes para el Poder Judicial están determinados por la Constitución, le corresponde un 3%, y un porcentaje similar al Ministerio Público”.
Lamentablemente, dice, el bajo presupuesto provoca “una tasa alta de impunidad de 90%, es decir, de 10 casos, el Ministerio Público logra resolver solo uno y los demás quedan en etapas sin concluir por falta de personal y tecnología”.
El Poder Judicial, igualmente, según Solórzano, necesita el porcentaje constitucional o más recursos económicos para contar con más personas y recursos tecnológicos que permitan una administración eficiente de la justicia, sin embargo, de “de los tres poderes del Estado, este poder siempre es visto como la cenicienta”.
Pese a que la Constitución de la República le ordena al Congreso Nacional aprobar un presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, siguen siendo entidades que operan con limitaciones económicas pese a ser eslabones importantes para investigar el delito y reducir la impunidad.
Al instalar la tercera legislatura, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, llamó a los diputados a cumplir con el mandato de la Constitución, pero no logró el objetivo porque ya habían aprobado el presupuesto sin el porcentaje requerido.
“Agradezco y aprovecho este espacio para solicitarles muy respetuosamente el cumplimiento de la asignación presupuestaria constitucional de al menos el 3% de los ingresos corrientes de la república, con el propósito de dar una respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia en el país; reafirmando nuestro firme compromiso de estar a la altura de nuestras responsabilidades y ser capaces de superar cualquier diferencia, para poder escribir una nueva página en la historia del Poder Judicial, que contribuya al desarrollo y bienestar social que merece esta bella nación”, dijo ante los diputados.
El fin de semana, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció por la red social X que están “en camino” vehículos blindados Black Mamba Sandcat, comprados con el presupuesto de 2023, que la Policía Nacional utilizará para atacar el crimen organizado, como las maras y pandillas.
Estos vehículos tácticos, fabricados por la compañía mexicana TPS Armoring, y de blindaje ligero son utilizados por el gobierno de El Salvador para librar la batalla contra las maras y pandillas. En México los emplea la Policía en operaciones contra el narcotráfico.
La presidenta Xiomara Castro, en un mitin realizado en Tegucigalpa para celebrar dos años de gobierno, defendió el nuevo presupuesto y dijo que hubo aumento para “todos los sectores sociales, educación, salud, seguridad y grupos vulnerables”. Agregó que “hoy hay una verdadera reducción de la pobreza en nuestro país”.
