La adhesión total de los Estados americanos a la Convención de Derechos Humanos, la financiación plena de sus organismos y la igualdad en las relatorías que vigilan los derechos civiles en el continente, fueron hoy planteadas como reformas por representantes de 24 países del hemisferio.
Se trató de la Conferencia de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se reunió hoy en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil con el encargo de plantear sugerencias de reformas a estudiar en una próxima reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 22 de marzo en Washington.
La Delegación hondureña participó por invitación del Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. El Secretario de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales Álvarez, junto a la delegación hondureña participó en la Conferencia
con el propósito de profundizar las discusiones sobre las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Los Estados Partes reconocieron que la CIDH ha hecho importantes esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Asamblea General para el fortalecimiento del Sistema. Después de una larga y fructífera reunión, acordaron una resolución que será la base con la que los países asistirán a la Asamblea Extraordinaria de la OEA .
Aunque las propuestas de algunos países eran más radicales, como el pedir que se separen de la Convención los Estados que no la hayan ratificado hasta ahora, los planteamientos surgidos en Guayaquil sugieren un camino para el debate en el seno de la OEA.
Y es que sólo 24 de los 34 países americanos han ratificado la Convención de Derechos Humanos o 'Pacto de San José', lo que a algunos, como Ecuador, les parece un límite, si se considera que Estados Unidos, uno de los que no ha firmado, tiene la sede de sus principales organismos en Washington.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está formado por la CIDH, que tiene su sede en la capital estadounidense, y la Corte (CorteIDH), con sede en San José.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al inaugurar el encuentro de hoy en Guayaquil, incluso propuso que se cambie la sede de la CIDH a Buenos Aires.
'No es posible', dijo Correa, que en el siglo XXI América tolere que la sede de la CIDH esté en 'el país del embargo criminal contra Cuba que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional y particularmente contra la carta de la OEA'.
Correa también ha criticado el funcionamiento de la relatoría especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH que, según él, está alineada con intereses de países hegemónicos del continente como EE.UU., que aporta para su funcionamiento.
Por ello, el mandatario ecuatoriano pidió a los Estados miembros que hagan un esfuerzo para financiar los quince millones de dólares que, según él, se requieren para financiar el sistema y alejarse de 'visiones extrañas' y 'presiones de cualquier naturaleza'.
Pese a la contundencia del discurso, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al finalizar el encuentro, admitió que hay varias posiciones sobre los diferentes aspectos del debate que busca robustecer el sistema interamericano.
Sin embargo, aclaró el canciller que gracias al ánimo de avanzar de todos los representantes de los Estados parte se logró elaborar una resolución que amalgama las distintas posiciones y que será presentada en la próxima reunión de la OEA.
Entre las sugerencias se proponen 'estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José'.
También se convoca a asumir plenamente la financiación del sistema 'a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la organización'.
Asimismo, que las ocho relatorías de derechos 'sean consideradas especiales' y que se garantice su financiación para 'el cabal funcionamiento de cada una de ellas'.
Ello por la posición de algunos países como Venezuela y el mismo Ecuador que han criticado a la relatoría de Libertad de Expresión, la más fuerte del sistema.
Según Patiño, otras relatorías como las de derechos del niño, de las mujeres y de discriminación racial, apenas cuentan con una financiación de 60.000 dólares al año, mientras que la de Libertad de Expresión un millón, aportados en gran parte por países hegemónicos, especialmente EE UU.
La Relatoría sobre Libertad de Expresión, por su parte, ha lanzado varias alertas sobre el supuesto menoscabo a la prensa por parte de esos gobiernos, denuncias que han sido replicadas por varios gremios de prensa del continente.
Justamente hoy, en su reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a hacer un llamamiento a gobiernos como Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá, para que no ignoren los peligros para la libertad de expresión que entrañan supuestas 'prácticas antidemocráticas'.
