Tegucigalpa
El diálogo filtrado de los ministros José Carlos Cardona y Tomás Vaquero sobre la situación en el Instituto de la Propiedad levantó sospechas sobre si el Gobierno está interviniendo llamadas telefónicas sin órdenes judiciales.
Expertos coinciden en que posiblemente el Gobierno está detrás de esta situación debido a ciertos indicios: el año anterior intentaron aprobar una segunda “ley de escuchas” que permitiría intervenir incluso las redes sociales sin orden judicial.
Además, otro indicio para los expertos es que la Secretaría de Seguridad adquirió el software Pegasus, conocido por ser utilizado para vigilar a periodistas y líderes de la sociedad civil, así como a la clase política opositora.
“Es muy difícil que esta filtración de audios provenga de un sector que no tenga acceso, sobre todo con esta tecnología y este tipo de software, que ya se había anunciado que el Gobierno había adquirido”, manifestó Keneth Madrid, experto en temas de seguridad y exdirector de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“Como sociedad nos preocupa este tema porque esto es espionaje y (la privacidad) es un derecho constitucional que no se puede violar, o al menos no sin una orden de algún juez. Esta situación es preocupante y, además, implica el uso de un equipo sofisticado. En un Estado de derecho, esto no debería ocurrir”, reprochó.
El artículo 100 de la Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones”.
