La Ceiba
El sector palmero es el más afectado por las invasiones de tierra. Desde 2021, los invasores volvieron a la carga y se adueñaron ya de unas 40,000 hectáreas cultivadas de palma, las que todavía siguen en poder de supuestos campesinos.
Esto representa cerca del 80% del total de las tierras agrícolas invadidas a nivel nacional, causando la pérdida de unos 200,000 empleos, conforme a datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
A días de que el nuevo Gobierno tomara posesión en enero de 2022 fue estrenado con la protesta de los empresarios de la palma que se dedican a la extracción de aceite, el cual es exportado a Estados Unidos y Europa, exigiendo el desalojo de los usurpadores.
A inicios de febrero de 2022, el Gobierno conformó una comisión integrada por el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Seguridad, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa). El 22 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo con los grupos campesinos, el cual consistió en una profunda investigación por parte de juristas internacionales sobre el derecho de las tierras en disputa.
Fueron 28 las cooperativas que se acogieron al acuerdo, en representación de 13 fincas de palma africana invadidas. El resto de las fincas quedaron afuera del convenio firmado por estar usurpadas por grupos armados que no están aglutinados en la plataforma agraria. Aunque el Gobierno recuperó unas 4,000 hectáreas mediante desalojos, nuevamente las tierras fueron invadidas.
La comisión y el acuerdo fracasó y en la actualidad los productores exigen la solución pronta a la problemática. “Este es un problema que siempre va a existir, ya vimos que ningún Gobierno va a solucionarlo. Lo que pedimos es que sean más enérgicos contra los usurpadores de tierras porque esto aleja la inversión. Además, las pérdidas que tenemos son millonarias”, aseguró Pablo Fúnez, un empresario de la palma del municipio de Sabá.
Héctor Murillo, de la Plataforma Agraria, la cual está compuesta por más de 35 empresas asociativas, dijo que “las tierras que ocupamos nos pertenecen porque eran de nuestros ancestros, nuestros abuelos y sus padres. Ellos fueron desalojados de las tierras de forma incorrecta. Exigimos que se investiguen los métodos que se utilizaron para el despojo de la tierra en el Bajo Aguán”.
Uno de los agroindustriales del Bajo Aguán, que pidió el anonimato, dijo que no hay voluntad por parte del Gobierno de buscar una solución a las invasiones de fincas. “Los campesinos están tranquilos, ya que en el acuerdo que se firmó y mientras duren las investigaciones, ellos seguirían en poder de las fincas invadidas y cosecharán la fruta bajo la supervisión del Gobierno”, lamentó este inversionista.
El 80% de las tierras invadidas están en Colón, y el otro 20% en Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Yoro, La Paz y Choluteca, según datos del Cohep.
Corporación Dinant es una de las empresas más afectadas por las usurpaciones de tierras en el Bajo Aguán. Seguido de Palmasol, Cooperativa Salamá, Jaremar, Aceidesa, Agropalma, Aproba y productores independientes.
