Luego que permaneciera por varios años engavetada la Ley de Atención, Protección y Prevención a las Personas Desplazadas Internamente, los diputados del Congreso Nacional la aprobaron el miércoles en su tercer debate.
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Tras varios meses desde que fue presentada y sin el apoyo de la bancada del Partido Nacional se aprobó en su último debate la ley que establece las acciones y medidas de apoyo para las personas que han sido desplazadas de sus comunidades por la violencia.
La Ley consta de 81 artículos, entre ellos destaca la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado y la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente que estarán integradas por al menos 30 instituciones del Estado y de la sociedad civil, ellas se encargarán de diseñar los planes y proyectos para la prevención, atención y protección de las personas afectadas.
Desplazados en Honduras
El Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por la Violencia de 2018 establece que en aproximadamente 58,500 hogares, al menos uno de sus integrantes se desplazó internamente, debido al control territorial por grupos criminales, la extorsión, la violencia de género, el despojo de viviendas y el reclutamiento forzado. El 82% de los hondureños desplazadas salieron de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Olancho y Yoro.
También se creará un fondo de al menos 150 millones de lempiras anuales para darle atención a las familias afectadas.
“Esta ley es una política de Estado para hacerle frente al flagelo del desplazamiento forzado por violencia interna”, manifestó la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) Ligia Ramos.
La Ley garantiza a las familias desplazadas asistencia humanitaria, acceso a la educación, salud, trabajo, seguridad, protección de los bienes, entre otros.
También establece mecanismos de prevención para abordar las causas del desplazamiento forzado en el país. Como el sistema de alerta temprana y la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado, que se debe construir en un plazo de dos años luego de la entrada en vigencia de la Ley. “Lo que se quiere con esta ley que desde el Estado se brinde oportuna atención a las personas que están en riesgo”, apuntó el diputado Bartolo Fuentes, quien preside la comisión de Migración.
Seis meses después de la vigencia de la Ley, se debe crear el reglamento para el funcionamiento de la misma.
Reacciones
Por varios años, diferentes sectores vienen pidiendo la aprobación de la Ley, por lo que ven con satisfacción que ya sea una realidad. Para las autoridades de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), la Ley viene a dar certeza jurídica para responder a la situación por la que atraviesan miles de hondureños.
José Barrena, jefe de operaciones de Acnur en Honduras, manifestó que es un gran paso para el país a favor de los desplazados. No obstante, se debe pasar de la aprobación de la ley a la implementación.
“Seguiremos trabajando con las entidades gubernamentales para que así sea”, dijo. Por su parte el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que la Ley representa un hito en la protección de personas desplazadas.
“La aprobación de este marco jurídico de protección integral es un gran paso en el camino hacia la búsqueda de soluciones duraderas y en la reconstrucción de las vidas de los miles de personas afectadas por este flagelo” , dijo Karim Khallaayoun, jefe de la Misión del CICR.
Desde la cuenta de Twitter de la embajada de Estados Unidos se felicitó a las autoridades por la aprobación de dicha ley, agregaron que han logrado un gran avance para los Derechos Humanos en Honduras.
