Justo cuando una comisión coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR) inspeccionaba el río Cangrejal, una cerca se levantaba para impedir el acceso al balneario donde el pasado 28 de enero, una pareja de extranjeros expulsó a una familia hondureña que llegó a disfrutar de este atractivo público.
La PGR junto con personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el Instituto de Conservación Forestal, Gerencia Municipal Ambiental de La Ceiba y efectivos militares visitaron el sitio para documentar su situación legal.
“Lo que queríamos era verificar lo que se hizo viral. Pues se pidió un informe por el Congreso Nacional”, explicó Lenín Gutiérrez, analista ambiental de la Serna en La Ceiba.
Cuando se hacía la inspección se encontró a un hombre que levantaba una cerca en la entrada hacia la poza de La Herradura, lugar donde unos extranjeros expulsaron a una familia de bañistas el pasado 28 de enero.
“Esta persona es la que le vendió la propiedad a los extranjeros, por lo que se le decomisó los postes y el alambre”, informó Alba Santos, titular de la Gerencia Ambiental de la comuna ceibeña.
Dijo que se citó a esta persona para que presente los documentos legales de la propiedad que vendió.
El diputado Ariel Montoya, presidente de la comisión ambiental del Congreso Nacional, acompañó a la comisión.
“Estamos aprovechando esta designación para hacer algunas recomendaciones al hemiciclo sobre las acciones que se deben tomar en la cuenca del Cangrejal”, indicó.
