Tegucigalpa
Mediante un amplio comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos mostró su preocupación por la situación de Honduras en cuanto a inversión y lucha contra la corrupción, centrando su mirada en la ley de amnistía.
“Una amplia ley de amnistía aprobada en febrero de 2022 probablemente impediría que la comisión anticorrupción investigara un número significativo de casos y hasta qué punto la Cicih sería independiente y tendría autoridad de investigación”, concluyó la institución.
Muchos denominaron la ley como pacto de impunidad 2.0, debido a que deja libre a varios exfuncionarios de Manuel Zelaya Rosales acusados de delitos no políticos.
Aunque reconoció esfuerzos del gobierno de Xiomara Castro, Estados Unidos presentó una postura de preocupación luego de escuchar a inversionistas en el país que se acercaron a la embajada.
En una de sus primeras consideraciones establecen que “los inversionistas informan que el rápido ritmo de los cambios legales y regulatorios, los persistentes mensajes gubernamentales que culpan al sector privado por la pobreza, la corrupción del país y la falta de un análisis riguroso de costo-beneficio que sustente la formulación de políticas económicas han creado un clima de incertidumbre” y que esto “ha impulsado una caída de la inversión privada y la creación de empleo”.
Hacen énfasis en el problema energético, pues “los esfuerzos para reformar el subsector no han tenido éxito y la deficitaria empresa estatal de servicios públicos continúa perdiendo casi el 40% de la electricidad que genera debido a robos y pérdidas técnicas”.
Asimismo, el Departamento de Estado se refiere al proyecto de ley de Justicia Tributaria, de la cual perciben que no hay claridad en los beneficios fiscales que apunta el gobierno.
“Se está debatiendo una ley tributaria que, de aprobarse, eliminaría los incentivos fiscales existentes en el país para nuevas inversiones, reemplazándolos por dos nuevas estructuras vagamente definidas”, citan.
Reafirman que el gobierno de Honduras no ha establecido una política de inversión estratégica con objetivos de inversión.
Se buscó una reacción del gobierno y a la hora de cierre el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, dijo que estaban revisado el documento junto al gabinete económico para dar una respuesta “con elementos”.
