Las principales fuerzas políticas del Congreso Nacional, compuestas por los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH), tropezaron en su primer intento de elección de los nuevos fiscales, general y adjunto, del Ministerio Público (MP).
De los cinco postulantes en el Congreso Nacional, tres son afines al Partido Libre, uno se inclina por el Partido Nacional y otro con tendencias de Libre-Liberal.
El Partido Libre, en el poder, a través de su jefe de bancada, Rafael Sarmiento, promovió a los abogados Johel Antonio Zelaya (de 43 años) como nuevo fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo (de 47) como fiscal adjunto; sin embargo, la votación alcanzó solo 52 votos de los 86 requeridos para tomar a consideración la moción. Otros 52 se pronunciaron en contra y 24 se abstuvieron.
" Los dos fiscales elegidos en el CN deben tener una independencia ideológica partidaria. "
Según la evaluación que hizo la extinta Junta Proponente, Zelaya obtuvo una calificación regular de 80.94% y Cabañas Cadillo de 84.36%.
Johel Zelaya ostenta el puesto de regidor en la alcaldía de Reitoca, Francisco Morazán. Egresó de Ciencias Jurídicas en 2004 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y se convirtió en notario en 2014 en la Corte Suprema de Justicia.Fue asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente entre 2005 y 2006, asesor legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta 2015, así como apoderado legal en diversas empresas en el país. Por sus anteriores posiciones se le ha vinculado a los partidos Libre y Liberal.
En tanto, Cabañas Cadillo trabaja en la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos desde 2018. Se graduó como abogado en la Unah en 2002, tiene una especialización en derecho penal y dos maestrías en procesal penal y políticas públicas y gestión de seguridad, de la Universidad Nacional de la Policía.
Por la afinidad política de su familia se le ha relacionado con el Partido Liberal.
Contraste
Del total de nominados en este proceso de segundo grado de elección, Marcio Cabañas y Jenny Almendárez fueron los propuestos como fiscales, general y adjunto, por la tríada de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras.
" Necesitamos que haya una negociación sana, transparente y con suficiente madurez. "
Pese a que la moción llevaba el respaldo de tres instituciones políticas, solo alcanzó 70 votos; es decir, 18 votos más que el oficialismo, pero tampoco bastó para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Del total, 53 votaron en contra, cuatro se abstuvieron y uno no votó.
La disonancia entre las partes radica en la posición de Cabañas Cadillo. Mientras el partido en el poder lo visualiza como fiscal adjunto, la oposición ambiciona por su liderazgo como fiscal general, sumado a la inclusión de la única mujer en contienda, Jenny Almendárez.
La pugna no solo es un juego de números, sino una exposición de trayectorias y posiciones políticas. La política en esta arena se teje con hilos de evaluaciones, trayectorias y alineaciones. Jenny Almendárez fue la mejor evaluada por la anterior Junta Proponente, con 95.55%. Se graduó como licenciada en ciencias jurídicas en 1993 en la Unah, tiene una especialidad en derecho penal y un máster en derecho procesal penal. Fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del Ministerio Público durante 20 años, consultora internacional y se ha desempeñado de manera independiente.
Se le asocia también al Partido Libre por los estrechos lazos e ideología política de izquierda de su padre Juan Almendárez, exrector de la máxima casa de estudios.
Los otros candidatos en disputa son Mario Alexis Morazán Aguilera (de 46), enlazado al Partido Libre a través de su trabajo en la Procuraduría General de la República (PGR); y finalmente Pablo Emilio Reyes Theodore (de 40), con un trasfondo nacionalista, al haber sido asesor de Miriam Guzmán, extitular de la desaparecida Dirección Ejecutiva (DEI). Ellos completan el listado de aspirantes en esta lucha por el control de la justicia.
Proceso transparente
El abogado constitucionalista Óliver Erazo hizo un llamado a respetar la Constitución de la República, independiente de los elementos exógenos atípicos registrados hasta ahora. “Debemos esperar que los 128 diputados respeten la legalidad constitucional, el derecho al debido proceso legislativo y el principio de la mayoría calificada”, señaló el analista.
A su vez, expuso que aquellos profesionales con tendencia política directa no deberían ser escogidos para los nuevos cargos en el Ministerio Público, puesto que las próximas autoridades deberán contar con una independencia de ideología partidaria.
De los cinco nominados, los diputados del Congreso Nacional deberán elegir a dos representantes para que puedan iniciar funciones a partir del 1 de septiembre de este año.
Para saber
- 5 años es el período que tienen para desempeñar funciones los fiscales general y adjunto, con opción a reelección.
- Fecha: La Constitución señala que a partir del 1 de septiembre deberán comenzar las nuevas autoridades del Ministerio Público.
¿Pero qué pasará si no ocurre lo establecido? Al respecto, el constitucionalista pormenorizó que la Ley no establece un tiempo en específico de prórroga, por tanto, las actuales autoridades de la Fiscalía deberán permanecer en sus cargos mientras no elijan otro fiscal general y al adjunto.
“Sabemos que hay ungidos por cada partido político, y ese no es un problema, per sí que estos sean un instrumento útil para afectar las estructuras democráticas del país”, advirtió.
De su lado, Alejandra Fuentes, oficial técnico-jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expuso que el nuevo fiscal deberá luchar contra la ingobernabilidad existente en el Ministerio Público, por lo que la responsabilidad que recae en el Congreso Nacional es enorme, y ahora solo resta llegar a un acuerdo final. “Es importante que el Congreso rescate los estándares de transparencia que se siguen en estos procesos, que haya observadores nacionales e internacionales para hacer algo más creíble y que las bancadas participen sin obstáculo”, declaró. A criterio de esta representante de la sociedad civil, “la negociación política en sí no es mala, siempre y cuando sea sana, pues no siempre se puede ganar y a veces hay que ceder”.
