Tegucigalpa, Honduras
Estados Unidos advirtió ayer que sigue muy de cerca las acciones del Congreso Nacional , al tiempo que pidió valorar las consecuencias que podría tener la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que considera que personas acusadas de 21 delitos graves puedan defenderse en libertad.
Bajo el hashtag “no más impunidad”, la encargada de Negocios de la embajada de EUA, Heide Fulton, hizo eco en su Twitter al pronunciamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), en el cual advirtió que antes de aprobar la propuesta de ley se evalúen las repercusiones que podría tener sobre el combate a la corrupción y la impunidad. “Siguiendo de cerca las acciones del Congreso en este tema, hacemos eco al llamado de la @OEA_Maccih a la sociedad hondureña y a sus líderes para que evalúen las consecuencias de esta programada reforma. #NoMasImpunidad”, escribió Fulton.
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delitos de extrema gravedad incluye en su artículo 184 el Código Procesal Penal, entre ellos, el lavado de activos, asesinato y homicidio.
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En un comunicado, la Maccih exteriorizó su preocupación porque la pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos, entre ellos, los de homicidio, asesinato, feminicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación, y lavado de dinero, entre otros.
Al rechazo de esta iniciativa se han sumado otros sectores de la sociedad, quienes consideran que la reforma ensanchará la impunidad e implicará un grave retroceso en el combate a la criminalidad organizada en el país.
Al respecto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó ayer que “ha quedado demostrado que a ciertos congresistas no les interesa luchas contra la corrupción, el crimen organizado y delitos de alto impacto. Que insisten en legislar al margen de justicia y a favor del pacto de impunidad.
“¿A quien pretenden favorecer? ¿cuándo existirán leyes que combatan de manera frontal a quienes malversan los fondos del pueblo?”, se preguntó el organismo.
Se socializará
Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, reiteró que la reforma no pretende favorecer la impunidad, sino que busca cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que considera que el artículo 184 violenta la presunción de inocencia.
En ese sentido, aseguró que “no se someterá a votación ninguna iniciativa sobre este tema hasta escuchar a todos los sectores de la sociedad”.
| Clave
Deja a criterio del juez la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en delitos de lavado de activos, extorsión, asesinato, homicidio y tráfico de drogas, entre otros.
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“No veo por qué tanto brinco si el terreno es plano”, dijo al referirse a las críticas que se han formulada a la propuesta legislativa.
Sugirió ver el tema como un aspecto amplio, “no podemos ver que obedece a una situación puntual, hacer ese tipo de señalamientos no creo que sea conveniente, abramos un poco la mente, si al final de cuentas no se trata más que de un proyecto, no se está tomando ahorita ninguna decisión”.
No obstante, aclaró que “al final del día es una decisión soberana del Congreso Nacional, que no necesita más legitimización que su misma esencia, representantes directamente electos por el pueblo”.
No es inconstitucional
El Ministerio Público en un comunicado manifestó que el artículo 184 del Código Procesal Penal no vulnera las garantías constitucionales de presunción de inocencia ni del debido proceso, tampoco tratados internacionales en materia de derechos humanos.
| Dato
Tomando en cuenta la gravedad de la posible pena, permite al juez imponer la utilización del grillete electrónico a los acusados.
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Al mismo tiempo advirtió que de ser aprobadas las reformas al artículo 184 “incidirán negativamente en la eficaz persecución de los delitos de criminalidad organizada y corrupción, tales como la extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, asesinato, secuestro, asociación ilícita y robo de vehículos.
Según el MP, la situación actual requiere acciones excepcionales a las medidas cautelares y que resulta imprescindible coadyuvar en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo a los operadores de justicia.
