El Ministerio Público dispuso abrir el caso relacionado con la muerte de Sherill Yubissa Hernández Mancía, agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el fin de buscar nuevos elementos que los lleven a una conclusión más certera en torno al deceso.
Sherill Hernández fue hallada muerta en el apartamento que rentaba en el barrio El Calvario de Santa Rosa de Copán el 11 de junio de 2018. En septiembre de 2019, el Ministerio Público informó en un comunicado que la agente se había suicidado, cerrando así el caso.
Ahora, la reactivación del caso podría, según algunos estudiosos en la materia forense y de seguridad, salpicar a funcionarios del ente acusador del Estado y revelar datos que pudieron haberse ocultado en el proceso investigativo de la muerte de Sherill Yubissa.
Denis Castro Bobadilla, médico forense y exdirector de Medicina Forense, expresó ayer: “A horas de muerta de la joven establecí que era una muerte ocasionada por una tercera mano”. Castro argumentó: “Todos los elementos los tuve enfrente, y les dije: esta joven no se suicidó, pero la institución Ministerio Público la suicidó, cuando no es función de la institución, ni de agentes de investigación establecer lo que es manera de muerte”, fustigó.
“Ninguno de los elementos de prueba que existían en ese caso mostraban otro aspecto de manera de muerte que no fuera homicida, y quienes entre comillas la suicidaron fueron personas del Ministerio Público relacionados con el ambiente de investigación institucional”.
El criminólogo German Licona es del criterio que si el MP determinó reabrir el caso, es porque hay elementos punibles que podrían aportar nuevos datos a la investigación.
“En aquel momento, la Atic no debió en ningún momento hacer esa investigación, por el principio de objetividad, debió de habérsele turnado a la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) y no se hizo”, recordó.
