Argumentando que es para mejorar la baja ejecución presupuestaria, desde el Poder Ejecutivo a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) se eliminó temporalmente la figura del Comprador Público Certificado (CPC).
Esta maniobra inesperada del Gobierno se ejecutó ayer y además dejó sin efecto los artículos 4A, AB, y 4C de la Ley de Contrataciones de Estado.
Esto permite que instituciones, alcaldías, secretarías compren directamente, sin necesidad de “registros de contratos, (sin) informar a los órganos responsables de la contratación, (y sin) resolver sobre la declaración de dicha prohibición cuando se hubiere instruido un expediente a tal efecto”, como lo dice la ley. “Dicha suspensión tendrá una vigencia a partir del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2023”, comunicó la Oncae.
Explicaron que “los procesos de compra no requerirán del refrendo, firma y sello del CPC en los documentos establecidos en el artículo 44-C”.
¿Corrupción?
Desde sociedad civil y oposición política miran esta medida como una invitación tácita del Gobierno para que florezca la corrupción.
“Es lamentable que la Oncae haya tomado esta decisión de mostrar a la presidenta de que hay una ejecución buena”, dijo Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Sectores también lamentan que por acciones como estas Honduras quedó fuera de la Cuenta del Milenio.
“Muchos funcionarios van a cometer errores, pero también es una normativa que se presta para hacer actos ilícitos y actos de corrupción”, precisó Hernández. Para el designado presidencial Salvador Nasralla, “este Gobierno está buscando formas de robar, y esta es una.
Esta es una orden de Mel”, externó Nasralla. Sin embargo, José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, argumentó que la corrupción no pasa por el CPC, y que además la mayoría de estas personas son afines del Partido Nacional.
