Tegucigalpa, Honduras.
Más irregularidades ha encontrado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en programas gubernamentales.
Un nuevo informe de auditoría en el Programa Ampliando Horizontes (PAH) concluye que anomalías ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por 1.9 millones de lempiras.
La auditoría especial al PAH, que era un programa para dotar de tecnologías a los centros educativos y en especial equipo de cómputo, integrado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pero que antes era dependencia de la Secretaría de Educación, se realizó del primero de enero de 2010 al 21 de diciembre de 2012.
Producto de la auditoría, el TSC emitió el informe, en el que da a conocer los alcances de la misma y anuncia que se notificarán pliegos de responsabilidad civil y administrativa.
El TSC detectó irregularidades que ocasionaron un perjuicio económico al Estado que asciende a 1,917,785.96 lempiras; por ello se notificarán pliegos de responsabilidad civil.
En el informe se establece que se constató la falta de documentación de soporte que evidencie el trabajo realizado por la subcoordinadora y cuatro asesores técnicos contratados del 16 de septiembre al 31 de diciembre, del año 2011, para laborar en el subprograma Recursos Audiovisuales.
Debido a la falta de evidencia del trabajo ejecutado por el personal contratado se ocasionó un daño al patrimonio del Estado por 721,458.31 lempiras.
Un segundo hecho irregular detectado es que no hay evidencia que indique en qué actividades del programa fueron utilizados carros de lujo arrendados por el PAH.
Más irregularidades ha encontrado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en programas gubernamentales.
Un nuevo informe de auditoría en el Programa Ampliando Horizontes (PAH) concluye que anomalías ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por 1.9 millones de lempiras.
La auditoría especial al PAH, que era un programa para dotar de tecnologías a los centros educativos y en especial equipo de cómputo, integrado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pero que antes era dependencia de la Secretaría de Educación, se realizó del primero de enero de 2010 al 21 de diciembre de 2012.
Producto de la auditoría, el TSC emitió el informe, en el que da a conocer los alcances de la misma y anuncia que se notificarán pliegos de responsabilidad civil y administrativa.
El TSC detectó irregularidades que ocasionaron un perjuicio económico al Estado que asciende a 1,917,785.96 lempiras; por ello se notificarán pliegos de responsabilidad civil.
En el informe se establece que se constató la falta de documentación de soporte que evidencie el trabajo realizado por la subcoordinadora y cuatro asesores técnicos contratados del 16 de septiembre al 31 de diciembre, del año 2011, para laborar en el subprograma Recursos Audiovisuales.
Debido a la falta de evidencia del trabajo ejecutado por el personal contratado se ocasionó un daño al patrimonio del Estado por 721,458.31 lempiras.
Un segundo hecho irregular detectado es que no hay evidencia que indique en qué actividades del programa fueron utilizados carros de lujo arrendados por el PAH.
