TEGUCIGALPA, HONDURAS
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró este jueves que el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras no representa el principal problema, sino que constituye una prueba para el sistema de justicia del país y su capacidad para aplicar la ley de manera igualitaria.
Castellanos señaló que Hernández tiene derecho a que se le respete el debido proceso una vez retorne al territorio nacional, pero advirtió que su regreso "no será una victoria, será un examen", enfocado principalmente en las instituciones encargadas de impartir justicia.
"La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley", expresó la titular del CNA.
Sostuvo que el exmandatario conoce el funcionamiento del sistema de justicia "mejor que nadie", al considerar que durante su administración lo dirigió y utilizó, por lo que ahora volverá a ponerlo a prueba.
Asimismo, cuestionó la rapidez con la que el sistema puede favorecer a integrantes de la clase política, en contraste con el trato que reciben miles de ciudadanos.
En ese contexto, mencionó que incluso se han suspendido órdenes de captura como resultado de privilegios reservados para personas que calificó como "intocables".
Castellanos afirmó que el retorno de Hernández no elimina los señalamientos relacionados con el caso Pandora II, el manejo de la tasa de seguridad ni la polémica reelección presidencial, además de las investigaciones y denuncias que han rodeado su gestión.
También sostuvo que persiste la responsabilidad política sobre un gobierno que, a juicio del CNA, estuvo marcado por hechos de corrupción. Recordó que años atrás el organismo lanzó la pregunta "¿Dónde está el dinero?", asegurando que esa interrogante sigue vigente.
"Porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país", manifestó la directora ejecutiva del CNA al insistir en que aún existen estructuras que permiten la impunidad dentro de las instituciones del Estado.
En ese sentido, afirmó que el debate ya no debe centrarse en las acciones que emprenderá el expresidente, sino en la actuación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Castellanos planteó que la principal interrogante es si cualquier otro ciudadano, en las mismas circunstancias, recibiría exactamente el mismo trato por parte de las instituciones de justicia.
Indicó que a partir del regreso de Hernández la atención estará puesta sobre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el resto del aparato estatal, los cuales deberán demostrar que la ley se aplica con la misma firmeza para todos los ciudadanos.
Fecha establecida para el regreso de JOH
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará al país el próximo domingo 26 de julio, fecha en la que volverá por primera vez desde que recuperó su libertad en Estados Unidos y en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso conocido como Pandora II.
El retorno del exgobernante será posible luego de que un juez admitiera su solicitud de presentación voluntaria y suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, permitiéndole ingresar al país sin ser detenido de inmediato.
La decisión judicial establece que Hernández deberá presentarse voluntariamente ante los tribunales hondureños, por lo que la audiencia de declaración de imputado quedó programada para el lunes 3 de agosto de 2026.
El expresidente es imputado por los delitos de fraude y lavado de activos dentro del expediente conocido como Pandora II, investigación que indaga el presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en 2013.
Indultado mientras cumplía condena por narcotráfico en USA
Juan Orlando Hernández recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto el 28 de noviembre de 2025, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte federal de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
