Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público pidió ayer una sentencia condenatoria entre seis y nueve años de prisión para Teodoro Bonilla.

A su vez, la Fiscalía demanda que el exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura sea inhabilitado de su profesión.

El profesional del derecho es acusado del delito de tráfico de influencias consumado en el denominado caso Shalom.

Pena
La Fiscalía pidió la pena máxima para el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias consumado, la cual es entre seis y nueve años de prisión.
El juicio oral incoado contra el exconsejero está por terminar, anoche se suspendió la etapa de conclusiones.

En medio del juicio, Bonilla dijo: “Que me declaren inocente porque siempre lo he sido”.

Para hoy está programado que el juez emita el fallo absolutorio o condenatorio contra el imputado. El juicio se desarrolla en la sala tres de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia.

Opinión. El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, alabó que la Fiscalía haya solicitado la pena máxima para Bonilla. “Responsabilidad de Bonilla es grave en tráfico de influencias para liberar a parientes por lavado (de activos). Gran trabajo de investigación de la Fiscalía”, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter.

Amparo
Dos juezas están vinculadas en el caso. Delmy López y Liz Núñez se negaron a declarar en el desarrollo del juicio amparadas en el artículo 88 de la Constitución de la República.
También cuestionó que las juezas vinculadas en el caso se presentaran en el juicio, pero no dieran su declaración. Se trata de las juezas Delmy López y Liz María Núñez, quienes prefirieron quedarse en silencio.

Escuchas. El miércoles, durante el desarrollo del juicio contra Bonilla, salieron a relucir escuchas de llamadas telefónicas, donde él presionaba a las juezas a que favorecieran a sus familiares señalados en el caso Shalom.

También se conoció que el exfuncionario tuvo un amorío con una de las dos juezas.

El vocero de la Maccih manifestó que pruebas de interceptación telefónicas son válidas y suficientes para establecer la responsabilidad.