El Gobierno firmó tres convenios de cooperación por 124 millones de dólares, unos 1,200 millones de lempiras, con dos entidades, de los cuales 64 millones serán utilizados para la construcción de dos tramos del Canal Seco.
Los acuerdos se suscribieron en la sede del Poder Ejecutivo y se contó con la presencia del presidente Manuel Zelaya, funcionarios del Estado y representantes de los organismos colaboradores.
Canal Seco
El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bcie, otorgó el préstamo de 64 millones de dólares para la edificación del proyecto Corredor Atlántico-Pacífico, que conectará a la Villa de San Antonio, en Comayagua, con Goascorán, en dos etapas del proyecto conocido también como Canal Seco.
“La carretera será una vía alterna que permitirá evitar el paso hacia Tegucigalpa para transitar directamente desde la costa norte de Honduras hacia el punto fronterizo de El Amatillo.
“Se reducen unos 100 kilómetros al no pasar por la capital y eso significa un ahorro de combustibles significativo”, dijo el mandatario en el salón Morazán de la Presidencial.
Esta vía de comunicación es parte del proyecto Plan Puebla Panamá, busca facilitar la conexión entre la parte sur de México y Panamá con el objetivo de mejorar la movilización de personas y productos.
Los fondos serán entregados a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda para que ejecute la obra.
“Pese a su cercanía, nuestros mercados no cuentan con las condiciones propicias que les permita establecer un comercio fluido y cada vez más fuerte entre ellos”, expresó el presidente del Bcie, Harry Brautigam.
El presidente Zelaya anunció la semana pasada la construcción de carreteras en todas las zonas del país, con el fin de buscar el desarrollo para las comunidades más lejanas, las cuales tienen dificultades para sacar las cosechas. Los departamentos más afectados son Lempira, Gracias a Dios y El Paraíso.
Construirán casas
Con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se suscribieron dos convenios de 30 millones de dólares cada uno para el sector vivienda y agua potable, respectivamente.
Los recursos serán destinados al Programa de vivienda de interés social y al Programa de inversión social para agua potable y saneamiento.
El Gobierno será la contraparte en ambos programas, por el orden de 3.5 millones de dólares.
“Los convenios que hoy se firman dan continuidad a iniciativas que el BID apoya para beneficiar a la gente más pobre”, dijo el representante de ese organismos en el país, Andrés Marchan.
El Gobierno prometió construir 50 mil viviendas al año; a la fecha no se ha edificado ninguna.