Este día, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) realizaron oficialmente el traspaso de la administración de las cárceles del país a las autoridades de la Policía Nacional, tal como lo había anunciado la presidenta Xiomara Castro.
Otoniel Castillo Lemus, nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comentó que “todo lo estamos haciendo de acuerdo con una planificación y un programa de transición que durará hasta el mes de noviembre. Por ahora únicamente se ha avanzado con la primera de las seis fases, que es la instalación de la dirección y su equipo de trabajo”.
“Si hay alguna situación que le compete corregirla al INP, no duden que lo vamos a hacer de inmediato, venimos con el afán de respetar todas las garantías y derechos humanos de las personas que forman parte del INP, especialmente de las y los reclusos”, sostuvo.
El jefe penitenciario agradeció públicamente a las Fuerzas Armadas por el trabajo realizado todo este tiempo, aseguró que el objetivo de la Policía Nacional es fortalecer el sistema carcelario y generar cambios importantes.
Al ser consultado sobre el hallazgo de cuatro pandilleros muertos ayer miércoles en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, dijo que ya se está investigando para esclarecer lo ocurrido.
Hugo Suazo, viceministro de la Secretaría de Seguridad, recordó que esta transición es parte de una de las promesas de campaña de la gobernante Xiomara Castro, así como el cumplimiento de los compromisos plasmados con organismos de derechos humanos y tratados internacionales, los cuales estaban solicitando desmilitarizar las prisiones.
“Aclaro que no es que las cárceles quedarán definitivamente en poder de la Policía Nacional, pero una vez que estén concluidos los cambios que queremos y todo esté organizado, serán los agentes penitenciarios quienes cubrirán los penales. La Policía Nacional se retirará en su momento y únicamente quedará como apoyo cuando lo solicite el INP”, precisó.
El proceso de cambio comienza en los centros de Ilama, Santa Bárbara, La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y en Támara. Las Fuerzas Armadas han mantenido presencia con unos 2,500 efectivos en 10 de las 25 cárceles que hay en el territorio.
La desmilitarización de las cárceles es una de las etapas del proceso para reformar el sistema penitenciario del país, a eso se le suma la creación de la Policía Penitenciaria, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad. Mientras se desarrolla el proceso de capacitación para los elementos que conformarán la Policía Penitenciaria, los militares apoyarán a la Policía Nacional en los centros.
Dentro de los cambios también se realizará la clasificación y separación de los reos y se revisarán algunos casos de personas enfermas o que por su edad no deben seguir guardando prisión, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros penales.
Los reclusos procesados serán separados de los condenados. Hasta el 31 de enero de 2022, los centros penales del país (incluyendo el Primer Batallón de Infantería) albergaban a 2,250 privados de libertad. De esa cifra, un total de 10,066 están condenados y 10,184 no han sido sentenciados, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
