Luego de que se ordenara por la presidenta Xiomara Castro la desmilitarización de las cárceles del país, las autoridades indicaron que el proceso ya comenzó y se hará de forma gradual, iniciando con el retiro de los elementos de las Fuerzas Armadas que están en las cárceles de máxima seguridad.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Fortín, dio a conocer que el proceso de cambio comienza en los centros de Ilama, Santa Bárbara; La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y Támara.
“Tenemos la plena seguridad y el compromiso de que este proceso se efectúe de la mejor manera. Ya los oficiales y todo el personal que está involucrado en estos centros penales tiene la orden de poder realizar las gestiones y el trabajo correspondiente para que este traspaso a la Policía Nacional se haga de la mejor manera posible”, dijo. Las Fuerzas Armadas mantienen presencia de unos 2,500 efectivos en 10 de las 25 cárceles que hay en el territorio.
Transición
La desmilitarización de las cárceles es una de las etapas del proceso para reformar el sistema penitenciario del país. A eso se le suma la creación de la Policía Penitenciaria, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad.
El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, manifestó que el proceso se realizará en aproximadamente un año y medio, y mientras se desarrolla el proceso de capacitación para los elementos que conformarán la Policía Penitenciaria, los militares apoyarán a la Policía Nacional en los centros.
Dentro de los cambios también se realizará la clasificación y separación de los reos y se revisarán algunos casos de personas enfermas o que por su edad no deben seguir guardando prisión, eso con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros penales.
La presidenta Castro dijo que los reclusos procesados serán separados de los condenados. Hasta el 31 de enero de 2022, los centros penales del país (incluyendo el Primer Batallón de Infantería) albergaban a 2,250 privados de libertad.
De esa cifra, un total de 10,066 están condenados y 10,184 no han sido sentenciados, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), señaló que para que se dé la transición de los militares a la Policía se debe tener cuidado con las condiciones y salarios de los elementos que conformarán la Policía Penitenciaria para que desarrollen con efectividad su trabajo en las cárceles.
