Tegucigalpa, Honduras.
Un juez natural elevó a juicio oral y público la causa judicial instruida contra cinco exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio ( Inprema), acusados por el Ministerio Público del delito de abuso de autoridad.
En este caso son acusados los exdirigentes magisteriales César Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía, el exministro de Educación, José Alejandro Ventura, Alfonso López Guillén y Óscar René Recarte.
Estas personas fueron señaladas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública por una supuesta revalorización de los beneficios sociales para 11,000 docentes jubilados, hecho que supuestamente se hizo de manera inconsulta, acto que incurre en un abuso de autoridad, de acuerdo a la Fiscalía.
Con base en las investigaciones, esta revalorización no estaba permitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Pero el directorio emitió órdenes contrarias a lo establecido en la ley. La acción fue rechazada a través de un informe de auditoría por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En el año 2010, mediante la resolución 1526, aprobaron una modificación de la estructura de beneficios para pensionados y jubilados.
Las reformas aprobadas por los exdirectivos ascienden a un monto de cien millones de lempiras. Hasta ahora se desconoce la fecha concreta del inicio de este juicio oral.
El proceso judicial se evacua en un juzgado natural debido a que entre los acusados se encuentra el exdirigente magisterial Edgardo Casaña, quien actualmente es diputado del Congreso Nacional.
En este caso, la anterior Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente este proceso judicial, sin embargo, en noviembre del año anterior la Corte de Apelaciones ordenó revocar el mismo.
Un juez natural elevó a juicio oral y público la causa judicial instruida contra cinco exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio ( Inprema), acusados por el Ministerio Público del delito de abuso de autoridad.
En este caso son acusados los exdirigentes magisteriales César Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía, el exministro de Educación, José Alejandro Ventura, Alfonso López Guillén y Óscar René Recarte.
Estas personas fueron señaladas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública por una supuesta revalorización de los beneficios sociales para 11,000 docentes jubilados, hecho que supuestamente se hizo de manera inconsulta, acto que incurre en un abuso de autoridad, de acuerdo a la Fiscalía.
Con base en las investigaciones, esta revalorización no estaba permitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Pero el directorio emitió órdenes contrarias a lo establecido en la ley. La acción fue rechazada a través de un informe de auditoría por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En el año 2010, mediante la resolución 1526, aprobaron una modificación de la estructura de beneficios para pensionados y jubilados.
Las reformas aprobadas por los exdirectivos ascienden a un monto de cien millones de lempiras. Hasta ahora se desconoce la fecha concreta del inicio de este juicio oral.
El proceso judicial se evacua en un juzgado natural debido a que entre los acusados se encuentra el exdirigente magisterial Edgardo Casaña, quien actualmente es diputado del Congreso Nacional.
En este caso, la anterior Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente este proceso judicial, sin embargo, en noviembre del año anterior la Corte de Apelaciones ordenó revocar el mismo.
