El excomisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, enfrentará juicio en marzo tras ser acusado de lavado de activos.
La investigación en su contra reveló un desbalance patrimonial de más de 17 millones de lempiras entre 2012 y 2017, cantidad que no pudo justificar ni él ni su familia.
Según la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores de la Seguridad Pública (UF-ADPOL), la investigación demostró que durante su gestión como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca, Mejía Tinoco y otros agentes presuntamente cobraban sobornos a transportistas de ganado para permitirles circular sin inconvenientes.
Los pagos se realizaban en efectivo y se entregaban en diferentes puntos de control como Pavana, El Triunfo y Namasigüe, e incluso en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Las autoridades señalan que, a partir de la llegada de Mejía Tinoco al cargo, se organizó una red delictiva que involucraba a miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI). En esta trama también participaron seis policías activos y tres que fueron depurados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita y cohecho.
Caso Oquelí Mejía
El caso ha avanzado con la extinción definitiva del dominio sobre bienes de Mejía Tinoco y su esposa, Wendy María Castro. En junio de 2023, el Ministerio Público, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), logró que se confiscaran dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias a su nombre.
Además, en el expediente figura su exesposa, Denisse Yamileth Morales, condenada en febrero de 2021 por lavado de activos. En su caso, la justicia ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
Las investigaciones, lideradas por la UF-ADPOL y la ATIC, revelaron que estos cobros irregulares ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando agentes asignados a Choluteca exigían pagos a los transportistas para dejarlos operar con normalidad. Estas prácticas se intensificaron con el nombramiento de Mejía Tinoco como jefe de la zona, lo que llevó a su posterior procesamiento.
