Tegucigalpa, Honduras.
Diversos sectores aplaudieron ayer la continuidad de operaciones del aeropuerto Toncontín; pero objetaron que no se hayan modificado otros aspectos del contrato de concesión de Palmerola que consideran lesivos a los intereses del Estado.
El documento que contiene las enmiendas apunta que el Gobierno se compromete a que tres meses antes del inicio de operaciones comerciales de Palmerola ejecutará el rescate de Toncontín y se entregarán los servicios aeroportuarios de vuelos internacionales a la concesionaria de Palmerola.
El rescate de Toncontín se refiere al traslado de operaciones comerciales a la nueva terminal de Palmerola, en este caso serán los vuelos internacionales por lo que el Estado deberá indemnizar a Aeropuertos de Honduras, actual concesionaria.
Pera efectos de indemnización, esta empresa debe presentar a la Superintendencia de Alianza Público-Privado (Saap) sus estados financieros auditados de acuerdo con los estándares internacionales de contabilidad, incluyendo el flujo de caja y el modelo económico financiero presentado con su oferta.
Además, se agrega que se dará prioridad a Emco para que opere Toncontín una vez que termine la concesión en 2020.
Asimismo, queda vigente la claúsula que el Estado recibirá el canon de concesión hasta que Palmerola alcance un tráfico de 600,000 pasajeros anuales. En Toncontín actualmente es de 270,000 viajeros y su crecimiento des de 3% al año.
Reacciones
Walter Romero, diputado del Partido Liberal, manifestó que está satisfecho porque seguirá operando Toncontín; sin embargo, objetó el proceso de votación y el contenido del contrato. “Nunca vimos un plan de negocios para lograr que el proyecto tenga éxito. Por ejemplo, no es posible que el Estado reciba un canon hasta después que se logren los 600,000 pasajeros”, expuso.
Guy de Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), consideró que la inversión por parte del Estado es muy elevada.
“Esta inversión del Gobierno es exagerada y a beneficio de una empresa privada, que realmente se está viendo subvencionada por el Estado”, catalogó.
Agregó que hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta y es la seguridad de los pasajeros, pues se han incrementado los accidentes viales en el país. Además, dijo que se elevarán los costos del transporte desde la capital.
Diversos sectores aplaudieron ayer la continuidad de operaciones del aeropuerto Toncontín; pero objetaron que no se hayan modificado otros aspectos del contrato de concesión de Palmerola que consideran lesivos a los intereses del Estado.
El documento que contiene las enmiendas apunta que el Gobierno se compromete a que tres meses antes del inicio de operaciones comerciales de Palmerola ejecutará el rescate de Toncontín y se entregarán los servicios aeroportuarios de vuelos internacionales a la concesionaria de Palmerola.
El rescate de Toncontín se refiere al traslado de operaciones comerciales a la nueva terminal de Palmerola, en este caso serán los vuelos internacionales por lo que el Estado deberá indemnizar a Aeropuertos de Honduras, actual concesionaria.
Pera efectos de indemnización, esta empresa debe presentar a la Superintendencia de Alianza Público-Privado (Saap) sus estados financieros auditados de acuerdo con los estándares internacionales de contabilidad, incluyendo el flujo de caja y el modelo económico financiero presentado con su oferta.
Además, se agrega que se dará prioridad a Emco para que opere Toncontín una vez que termine la concesión en 2020.
Asimismo, queda vigente la claúsula que el Estado recibirá el canon de concesión hasta que Palmerola alcance un tráfico de 600,000 pasajeros anuales. En Toncontín actualmente es de 270,000 viajeros y su crecimiento des de 3% al año.
Reacciones
Walter Romero, diputado del Partido Liberal, manifestó que está satisfecho porque seguirá operando Toncontín; sin embargo, objetó el proceso de votación y el contenido del contrato. “Nunca vimos un plan de negocios para lograr que el proyecto tenga éxito. Por ejemplo, no es posible que el Estado reciba un canon hasta después que se logren los 600,000 pasajeros”, expuso.
Guy de Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), consideró que la inversión por parte del Estado es muy elevada.
“Esta inversión del Gobierno es exagerada y a beneficio de una empresa privada, que realmente se está viendo subvencionada por el Estado”, catalogó.
Agregó que hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta y es la seguridad de los pasajeros, pues se han incrementado los accidentes viales en el país. Además, dijo que se elevarán los costos del transporte desde la capital.
