Tegucigalpa, Honduras.

La defensa legal de Juan Orlando Hernández busca, en la víspera de una posible determinación del pleno de la Corte Suprema de Justicia, frenar su extradición hacia Estados Unidos. Para ello, sus abogados han manifestado que Hernández tiene al menos 32 casos abiertos por denuncias en el país, en intento por lograr que el expresidente (2014-2022) sea enjuiciado en Honduras.

Iván Martínez, uno de los letrados del equipo legal de Hernández, reconoció que el exmandatario, acusado por Estados Unidos por tres cargos relacionados al narcotráfico, está acusado en Honduras por los mismos delitos.

“Son causas aquí en el país por los mismos hechos que también se están investigando en acusaciones por Estados Unidos”, explicó, a la vez que confirmó al informativo Hoy Mismo que las denuncias en su contra en el país también son por narcotráfico y estarían en manos del Ministerio Público.

Martínez amplió diciendo que las denuncias están “desde hace mucho” en poder de la Fiscalía hondureña, por lo que “el Ministerio Público, sus razones tendrá, no ha elevado el proceso al órgano competente, solo ellos podrían responder”.

Como parte de la estrategia de la defensa, Rosa Helena Bonilla Galindo, apoderada titular, dijo: “El señor Juan Orlando Hernández Alvarado tiene en nuestro país una cantidad de denuncias e investigaciones preliminares pendientes, que forman parte del proceso penal que deben ser dilucidadas previo a su extradición a un país extranjero”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, sobre lo expresado por Bonilla Galindo, explicó que “en realidad se han dado (las denuncias) y es parte del informe que el Ministerio Público hizo”.

Mora enfatizó: “Que tenga 32 denuncias no causa ningún efecto en eso (en el proceso de extradición), así lo establece el convenio de extradición que se firmó”.

Tesis

Félix Ávila, otro de los abogados defensores del exmandatario, reafirmó la tesis de las denuncias.

“Los tratados de extradición se basan en el hecho de que no debe menoscabarse la soberanía del Estado, ni que por medio de un proceso de extradición se evite que el Estado requirente desconozca la verdad”, argumentó Ávila.

Uno de los argumentos de los abogados dice que “si Honduras concede la extradición de un hondureño, estando obligado según los convenios que ha suscrito a respetar y garantizar los derechos humanos, permitiendo que ese hondureño sea condenado en otro país a penas perpetuas, es lo mismo que las imponga mediante su sistema legal, violando flagrantemente la normativa nacional e internacional”.

Proceso

A pesar de que el Tratado de Extradición establece que debe haber celeridad durante el proceso, todavía el juez de primera instancia asignado al expediente del exmandatario no ha remitido el expediente al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en peticiones de extradición actúa como tribunal de alzada.

“Todavía no hemos sido convocados”, confió uno de los magistrados de la Corte.Una vez que los antecedentes estén en manos de los magistrados, estos tienen tres días para resolver el escrito que busca frenar la entrega de Hernández a Estados Unidos.