El PCM-004-2026, aprobado en Consejo de Ministros, ha generado cuestionamientos por parte del exministro de Energía, Erick Tejada, quien advierte posibles implicaciones en el desarrollo de la represa multipropósito El Tablón.
A través de su cuenta en la red social X, el exfuncionario expresó que la disposición representa, a su juicio, un cambio significativo en la conducción del proyecto y podría incidir en el proceso licitatorio que se encontraba en marcha.
Tejada señaló que el decreto, en su artículo 11, designa a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) como órgano ejecutor del proyecto, función que anteriormente estaba a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Según el exfuncionario, este cambio "prácticamente cierra el proceso de licitación que estaba en marcha, antes de ser detenido, y llevado a cabo por la Enee".
Asimismo, afirmó que la modificación del órgano ejecutor implicaría que el crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deba someterse nuevamente a la aprobación del directorio del organismo financiero.
Tejada también sostuvo que la SIT "no tiene personal capacitado en gestión social ni ambiental", por lo que, según indicó, se prevé una tercerización total de estos procesos.
En sus declaraciones, el exministro aseguró que la información de la que dispone apunta a una intención de regresar al sitio de presa original basado en estudios elaborados en 2017, los cuales calificó como "viejos, incompletos y desfasados".
De acuerdo con Tejada, esta decisión incrementaría la afectación social y ambiental del proyecto, pasando de unas 400 a casi 800 familias impactadas en los municipios de Quimistán, San Marcos y La Ceibita.
El exfuncionario añadió que los estudios realizados por la firma Lombardi analizaron siete sitios de presa y 216 alternativas, señalando que estos constituyen "los estudios más completos de cualquier proyecto hidroeléctrico en Honduras".
Tejada expresó que deja constancia pública de sus señalamientos ante lo que considera una intención de "beneficiar a grupos particulares y abortar el proceso licitatorio internacional", lo cual, según afirmó, representaría un retroceso en la concreción del proyecto y podría perjudicar a habitantes del Valle de Sula.
