En el segundo día del juicio político contra Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la comisión especial nombrada por el Congreso Nacional escuchará a los testigos del caso.
La agenda legislativa de este martes contempla el inicio de las comparecencias testimoniales a partir de las 8:30 de la mañana. Puede seguir en vivo la agenda legislativa en el marco del juicio contra el funcionario en este artículo:
Primer testigo
Marco Noé Martínez Pereira:
Al filo de las 11 de la mañana de este martes inició la etapa testifical. El primero en testificar, acompañando su testimonio con un detallado video de las acciones denunciadas, fue Marco Noé Martínez Pereira, técnico responsable del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Martínez Pereira reveló que el 14 de noviembre de 2025, en una de las imprentas a la que se le adjudicó parte de las actas, ocurrió la sustracción ilegal de una usb (memoria) que contenía la totalidad de las actas de cierre electoral a nivel nacional, lo que de entrada llamó su atención pues ya se había ordenado separar y organizar los documentos por nivel electivo e ingresarlos en distintas usb para mayor seguridad.
El testimonio del técnico evidenció la confabulación entre varios miembros de confianza del CNE, afines al consejero Marlon Ochoa, pues pese a la denuncia inmediata de los hechos por parte de Martínez Pereira, no hubo deducción de responsabilidades para ninguno de los involucrados.
Segundo testigo
Eduardo Enrique Fuentes Cálix:
El segundo testigo en comparecer fue Eduardo Enrique Fuentes Cálix, codirector electoral de nueve proyectos del CNE, quien aseguró que el 7 de julio de 2025, fecha en la que cronograma mandaba recibir ofertas para el TREP, "ese día colectivos de Libre se tomaron alrededores del CNE", impidiendo con ello que empresas entregaran sus ofertas, trastocando con ello el calendario electoral. Amplió que tras un mes de ausencias deliberadas de Marlon Ochoa, que están documentadas, se logró la adjudicación del TREP, pero atentó contra el cronograma electoral.
Sobre los audios que entregó Ochoa al Ministerio Público, el testigo dijo que los supuestos audios hablaban de un complot contra las elecciones del 30 de noviembre, hechos que no ocurrieron. En los supuestos audios, los supuestos involucrados, "hablaban de boicotear el transporte electoral y como el pueblo pudo ver, a diferencia del 9 de marzo, se entregaron con mayor antelación las maletas electorales y hablaban de declarar ganador anticipadamente, pero eso tampoco sucedió".
Primer día
Durante la comparecencia de ayer, Morazán afirmó que el proceso en su contra responde a intereses políticos y que busca apartar a funcionarios que, según dijo, no se han sometido a presiones externas.
“Este es un juicio politizado para sacar de escena a los funcionarios que no nos sometimos”, expresó.
Morazán cuestionó la legalidad del procedimiento al señalar que la normativa de juicio político sería contraria a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, calificó como “sesgadas” las preguntas realizadas por la comisión investigadora y solicitó que sus objeciones quedaran consignadas en acta.
En relación con su participación en sesiones del TJE, el magistrado suspendido explicó que hasta el 7 de enero el pleno había autorizado reuniones vía Zoom, pero que posteriormente no existía un marco normativo vigente que habilitara ese mecanismo. Aseguró que su inasistencia a algunas sesiones respondió a esas condiciones administrativas.
Sobre decisiones clave del tribunal, Morazán indicó que no participó en la sentencia del caso Cálix y Valle porque no fue convocado. También sostuvo que en otras ocasiones no asistió debido a situaciones internas del pleno, incluyendo procesos de recusación que involucraban a la presidencia del órgano electoral.
El magistrado suspendido también reaccionó a señalamientos sobre la fallecida exfuncionaria Miriam Barahona, lamentando lo que calificó como un intento de instrumentalizar su imagen para generar odio en su contra. Sin embargo, afirmó que, a su juicio, la funcionaria no se encontraba en condiciones físicas y mentales óptimas para ejercer el cargo.
Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos políticos, incluyendo referencias al golpe de Estado de 2009 y a la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, Morazán aseguró que durante el gobierno no tuvo contacto con la mandataria ni recibió instrucciones de su parte.
El magistrado agregó que sus actuaciones han sido estrictamente apegadas a la ley y advirtió que, en caso de una eventual destitución, instancias internacionales podrían considerar el proceso como una “aberración jurídica”.
En medio del tenso debate, también se produjo un intercambio con el diputado Kilvett Bertrand, luego de que se mencionara una medalla otorgada por la presidenta Xiomara Castro en reconocimiento a su participación en la lucha tras el golpe de Estado de 2009, lo que generó cuestionamientos sobre su independencia.
Morazán concluyó señalando que no se prestó, según sus palabras, a irregularidades en el proceso electoral y atribuyó las acusaciones en su contra a presuntas injerencias políticas dentro del Tribunal de Justicia Electoral.
