El desembolso de los primeros 20 millones de lempiras es clave para que a finales de junio finalice la primera etapa de construcción de la granja penal en La Acequia, Santa Bárbara.
Con la conclusión de la primera fase podrán albergar a 1,250 privados de libertad. Óscar Galeano, integrante del comité proconstrucción, dijo que si el desembolso continúa como lo prometió el Gobierno, la mitad del proyecto estará listo en tres meses.
“Nuestra responsabilidad es entregar la obra física, pero el traslado de los reos es decisión de las autoridades del instituto penitenciario”, explicó Galeano.
La segunda etapa del proyecto; es decir, la finalización del presidio, estaría lista a principios de 2016.
Los representantes del comité de construcción aseguraron que los trabajos no han parado, sin embargo, se redujo la planilla de los contratistas porque ya solo quedaban L3 millones de presupuesto.
Rómulo Emiliani, presidente de la fundación, indicó que el proyecto comenzó hace diez años y que con el apoyo del Gobierno por fin podrán verlo finalizado.
“Los reos deben ser rehabilitados para cuando salgan de prisión, por lo que urge la nueva granja penal”, agregó.
Francisco Gálvez, director de Centros Penales, informó que para finales de marzo todos los privados de libertad que son cabecillas de las diferentes organizaciones criminales, serán recluidos en el centro penal de El Porvenir, en Francisco Morazán.
El funcionario refirió que las acciones implementadas por el Instituto Penitenciario seguirán tal y como se han estado aplicando, especialmente el traslado de los jefes de los grupos criminales y reos más peligrosos.
“Con este tipo de acción, estos reclusos no tendrán oportunidad de seguir dando órdenes desde el interior de los presidios”, apuntó Gálvez. Gálvez agregó que el esfuerzo que hacen por evitar que no ingresen armas u otros enseres es grande, no obstante, tendrán que implementar medidas para evitar que continúe. Además, tienen nuevo personal para reprimir el delito que sale desde el interior de los centros penales.
Julián Pacheco, ministro de Seguridad, afirmó que los reos peligrosos serán remitidos a celdas especiales ubicadas en instalaciones militares y policiales, que previamente fueron acondicionadas para recibir a los internos.
El Gobierno ordenó que las visitas para los reclusos peligrosos continuarán normalmente, aunque con otro tipo de controles para evitar filtraciones que perjudiquen a la sociedad.
Una comitiva especial trabaja en la clasificación de los reos y los dividirá por el tipo de delitos y otras características. Existirá mayor control del personal de seguridad en los recintos penitenciarios.