Tegucigalpa, Honduras.
Con la salida de 106 empleados, el Instituto Nacional Agrario (INA) cierra 2016 con una de sus peores crisis financieras motivada por la aprobación de un presupuesto que no va en consonancia con los gastos ordinarios.
El destino de otros 400 empleados podría determinarse en 2017, pero todo dependerá de si la Secretaría de Finanzas aprueba el presupuesto.
El presidente del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), Ramón Bulnes, considera que no hay voluntad política ni en Finanzas ni en el Congreso Nacional para decidir si sigue o lo cierran.
Según el proyecto de depuración, el INA debe quedarse solamente con 500 empleados para operar con el presupuesto de 211 millones que actualmente tiene. En 2013, el Congreso le aprobó 398 millones de lempiras con los cuales salía con los gastos ordinarios, pero ese presupuesto ha ido reduciéndose en los últimos años, a tal punto que para 2016 solo se le aprobaron 211 millones.
Por aparte, la institución recibe unos 20 millones por actividades propias, quedando su presupuesto en 231 millones. A criterio de Bulnes, el año que viene es crucial para la política agraria del Gobierno.
Con la salida de 106 empleados, el Instituto Nacional Agrario (INA) cierra 2016 con una de sus peores crisis financieras motivada por la aprobación de un presupuesto que no va en consonancia con los gastos ordinarios.
El destino de otros 400 empleados podría determinarse en 2017, pero todo dependerá de si la Secretaría de Finanzas aprueba el presupuesto.
El presidente del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), Ramón Bulnes, considera que no hay voluntad política ni en Finanzas ni en el Congreso Nacional para decidir si sigue o lo cierran.
Según el proyecto de depuración, el INA debe quedarse solamente con 500 empleados para operar con el presupuesto de 211 millones que actualmente tiene. En 2013, el Congreso le aprobó 398 millones de lempiras con los cuales salía con los gastos ordinarios, pero ese presupuesto ha ido reduciéndose en los últimos años, a tal punto que para 2016 solo se le aprobaron 211 millones.
Por aparte, la institución recibe unos 20 millones por actividades propias, quedando su presupuesto en 231 millones. A criterio de Bulnes, el año que viene es crucial para la política agraria del Gobierno.
