Tegucigalpa, Honduras.
Los cinco diputados propietarios acusados por el caso Pandora podrían ser sustituidos temporalmente en caso de que se les dicte auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Este es uno de los escenarios que enfrentan los parlamentarios Elvin Santos- jefe de bancada del Partido Liberal- y los nacionalistas Rodolfo Irías Navas, Celín Discua, Miguel Martínez y Elden Vásquez, procesados por lavado de activos por el desvío de L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Los legisladores se encuentran sometidos desde ayer, junto con una veintena de imputados, a audiencia inicial, en la que se resuelve si les dictan sobreseimiento o auto de forma procesamiento.
Ley
El Código Procesal Penal establece que cuando se dicte auto de formal procesamiento por delitos de crimen organizado no cabe otra medida distinta a la prisión preventiva.
A juicio de Doris Gutiérrez, estos cuatro diputados, si se les aplica la prisión preventiva, tienen que ser sustituidos por sus suplentes, ya que el tiempo que estarían tras las rejas mientras dure el proceso podría ser prolongado.
Asimismo, la parlamentaria recordó que sus compañeros de cámara no pueden ser destituidos porque la Ley del Congreso Nacional indica que eso solo sucede cuando hay una sentencia condenatoria firme.
“Puede ser que haya una condena, pero si hay un recurso de casación deben de seguir en el cargo hasta que se resuelva la casación y eso puede durar años. Se les debe de respetar el estado de inocencia”, expresó.
Una fuente de la Junta Directiva del Congreso explicó que el salario se les suspendería a los cinco diputados si se les dicta la prisión preventiva.
El suplente
Si a Lenín Rigoberto Rodas, diputado suplente de Unificación Democrática, se le dicta auto de prisión podría continuar en el cargo y se le seguiría pagando el salario en vista de que hay un antecedente similar.
“Mi (diputado) suplente, Boris Espinal (2014-2018) salió involucrado en el caso de Ciudad del Ángel, salió culpable, lo sentenciaron, se fue a apelación, perdió, se fue a casación y le siguieron pagando el salario y nunca lo suspendieron”, cuestionó.
Con relación al diputado del Parlamento Centroamericano por el Faper, Erick Toruño, Gutiérrez consideró que, igualmente, este tendría que ser vencido en juicio para ser separado del cargo.
En el requerimiento fiscal también se incluyó al ministro director del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara Bueso, y el viceministro de la Secretaría de MiAmbiente, Carlos Pineda Fasquelle.
La facultad para suspenderlos o despedirlos corresponde al presidente de la república.
En el requerimiento fiscal, El Ministerio Público no solicitó al suspensión para ningún servidor público.
Lección
La legisladora Gutiérrez consideró que las acusaciones en contra de sus colegas debe significar un espejo en el que se tiene que ver el resto de la clase política para evitar ser acusados.
“La lección es que tenemos que cumplir a cabalidad las misiones que se nos han encomendado, que si manejamos fondos tenemos que utilizarlos de acuerdo a los fines para los que fueron creados y tenemos que rendir cuentas y que debe de haber un reglamento de rendición de cuentas”, aconsejó Gutiérrez.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 38 personas, de las que 28 fueron sometidas al ser capturadas o mediante presentación voluntaria.
Los diputados y el resto de acusados varones cumple detención judicial en el Primer Batallón de Infantería, dictada esta semana por la jueza natural Lidia Álvarez.
Solo a dos no se les dictó ningún tipo de medidas.
La detención judicial es una medida cautelar al igual que la prisión preventiva, pero la segunda representa que se le da la calidad de reo al acusado, según la legislación penal.
Los cinco diputados propietarios acusados por el caso Pandora podrían ser sustituidos temporalmente en caso de que se les dicte auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Este es uno de los escenarios que enfrentan los parlamentarios Elvin Santos- jefe de bancada del Partido Liberal- y los nacionalistas Rodolfo Irías Navas, Celín Discua, Miguel Martínez y Elden Vásquez, procesados por lavado de activos por el desvío de L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Los legisladores se encuentran sometidos desde ayer, junto con una veintena de imputados, a audiencia inicial, en la que se resuelve si les dictan sobreseimiento o auto de forma procesamiento.
Ley
El Código Procesal Penal establece que cuando se dicte auto de formal procesamiento por delitos de crimen organizado no cabe otra medida distinta a la prisión preventiva.
A juicio de Doris Gutiérrez, estos cuatro diputados, si se les aplica la prisión preventiva, tienen que ser sustituidos por sus suplentes, ya que el tiempo que estarían tras las rejas mientras dure el proceso podría ser prolongado.
Asimismo, la parlamentaria recordó que sus compañeros de cámara no pueden ser destituidos porque la Ley del Congreso Nacional indica que eso solo sucede cuando hay una sentencia condenatoria firme.
“Puede ser que haya una condena, pero si hay un recurso de casación deben de seguir en el cargo hasta que se resuelva la casación y eso puede durar años. Se les debe de respetar el estado de inocencia”, expresó.
Una fuente de la Junta Directiva del Congreso explicó que el salario se les suspendería a los cinco diputados si se les dicta la prisión preventiva.
El suplente
Si a Lenín Rigoberto Rodas, diputado suplente de Unificación Democrática, se le dicta auto de prisión podría continuar en el cargo y se le seguiría pagando el salario en vista de que hay un antecedente similar.
“Mi (diputado) suplente, Boris Espinal (2014-2018) salió involucrado en el caso de Ciudad del Ángel, salió culpable, lo sentenciaron, se fue a apelación, perdió, se fue a casación y le siguieron pagando el salario y nunca lo suspendieron”, cuestionó.
Con relación al diputado del Parlamento Centroamericano por el Faper, Erick Toruño, Gutiérrez consideró que, igualmente, este tendría que ser vencido en juicio para ser separado del cargo.
En el requerimiento fiscal también se incluyó al ministro director del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara Bueso, y el viceministro de la Secretaría de MiAmbiente, Carlos Pineda Fasquelle.
La facultad para suspenderlos o despedirlos corresponde al presidente de la república.
En el requerimiento fiscal, El Ministerio Público no solicitó al suspensión para ningún servidor público.
Lección
La legisladora Gutiérrez consideró que las acusaciones en contra de sus colegas debe significar un espejo en el que se tiene que ver el resto de la clase política para evitar ser acusados.
“La lección es que tenemos que cumplir a cabalidad las misiones que se nos han encomendado, que si manejamos fondos tenemos que utilizarlos de acuerdo a los fines para los que fueron creados y tenemos que rendir cuentas y que debe de haber un reglamento de rendición de cuentas”, aconsejó Gutiérrez.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 38 personas, de las que 28 fueron sometidas al ser capturadas o mediante presentación voluntaria.
Los diputados y el resto de acusados varones cumple detención judicial en el Primer Batallón de Infantería, dictada esta semana por la jueza natural Lidia Álvarez.
Solo a dos no se les dictó ningún tipo de medidas.
La detención judicial es una medida cautelar al igual que la prisión preventiva, pero la segunda representa que se le da la calidad de reo al acusado, según la legislación penal.
