Tegucigalpa, Honduras
El 25 de junio venció el plazo que dio el TSC para que los parlamentarios, titulares y suplentes, presentaran la documentación soporte de la utilización de recursos de Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental y cualquier otro tipo de subsidios.
Obligados
De unos L1,300 millones ($54 millones) utilizados para proyectos sociales, los diputados y exdiputados del Congreso Nacional (CN) solamente liquidaron L280 millones ($11.6 millones) ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya sea personalmente o por medio de alguna fundación u oenegé, según un informe de la entidad al que tuvo acceso LA PRENSA.
| 768
diputados, entre propietarios y suplentes, fueron electos en las últimas tres legislaturas, en las que la mayoría recibió recursos para desarrollar proyectos sociales en sus comunidades.
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El organismo contralor pidió a los diputados justificar el uso de esos fondos para poder llevar a cabo una auditoría de las tres últimas legislaturas (2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018) en cumplimiento de una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que fue calificada como un “pacto de impunidad” por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).
La Maccih trabajaba en una investigación del uso de los L1,300 millones asignados o gestionados por diputados, pero las pesquisas se suspendieron durante tres años mientras el TSC efectúa las auditorías ordenadas en la reforma presupuestaria.
Los L280 millones liquidados es un dato “parcial y aproximado” porque es extraído de las notas de remisión de las liquidaciones; aunque cuando se verifique toda la documentación, la cifra podría variar poco, indicó una fuente del TSC.
| 25
millones de lempiras es el fondo que el Congreso Nacional aprobó para que el Tribunal Superior de Cuentas aplique las auditorías sobre los recursos asignados a los parlamentarios.
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El presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, había calculado que un máximo de 768 diputados serían los que presentarían la liquidación, al tomar en cuenta los 128 legisladores propietarios y suplentes de los tres períodos.
Pero, de acuerdo con el reporte del TSC, nada más 245 diputados liquidaron recursos de forma directa.
De igual manera, 105 fundaciones, oenegés, alcaldías que ejecutaron los fondos gestionados por diputados, también hicieron liquidaciones.
En los balances de estas organizaciones se incluyó a los diputados que tramitaron recursos, por lo que la cantidad de parlamentarios que cumplieron con la obligación de liquidar podría aumentar.
En total, entre los reportes de los diputados y de las organizaciones se entregaron 815 liquidaciones.
El Tribunal Superior de Cuentas aprobó en febrero pasado el Reglamento para la Ejecución de la Auditoría e Investigación Especial para todos los Fondos Públicos Gestionados y Percibidos por los Diputados del Congreso Nacional.
Auditorías
En esa normativa se dispuso que las gerencias sectoriales del TSC crearan una unidad especial que ejecute las auditorías e investigaciones.
Si se detectan algunas anomalías, el TSC emitirá pliegos de responsabilidad civil o penal y las hará públicas, dice el reglamento.
Los diputados que no hayan presentado liquidación serán sancionados, advirtió el TSC en un boletín de prensa en febrero pasado.
El magistrado presidente Rodríguez dijo a LA PRENSA que la Secretaría de Finanzas ya desembolsó L2 millones de los L25 millones que manda la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto para que se hagan las auditorías e investigaciones especiales.
Proceso de las auditorías
Documentos
El TSC solicitó al Congreso la documentación de las liquidaciones de los diputados.
Reporte
La Secretaría de Finanzas también entregó al TSC un reporte de liquidaciones.
Tiempo
El TSC tiene tres años para culminar las auditorías o investigaciones especiales.
| Gutiérrez: diputados saben que no les harán nada La diputada del Pinu, Doris Gutiérrez, aseguró que si hay parlamentarios que no presentaron liquidaciones de fondos recibidos es porque saben que no habrá ninguna acción penal o civil contra ellos.“Los que no liquidaron es porque saben que al final no les van a deducir responsabilidades, ya que la clase política se protege a sí misma, está demostrado”, señaló Gutiérrez. “La suspensión del juicio contra cuatro diputados por malversar recursos del Congreso por mandato de la reforma presupuestaria es muestra de que se busca proteger a los políticos que tienen cuentas pendientes con la ley”, indicó Gutiérrez.
Dijo que presentó ante el TSC una nota en la que se indica que entre 2010 y 2014 no usó recursos del Legislativo en obras sociales. |
