La depuración de la Policía adolece de “la calidad, la profundidad, la extensión y la efectividad que la sociedad hondureña y el Gobierno esperaban”.
Así indicaron los miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), por lo que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no recibirá la certificación de su labor.
En estos términos, la CRSP valoró el trabajo que ha realizado la DIECP en los últimos 16 meses como parte de su mandato legal de sanear la Policía hondureña. Además, la Comisión de Reforma considera que ha existido lentitud en la depuración y se carece de un enfoque metodológico e investigativo.
Estas valoraciones coinciden con las declaraciones de la subsecretaria adjunta de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, quien el jueves anterior dijo que el apoyo a Honduras y a sus instituciones policiales dependía de los avances en la depuración de la Policía, señalada de colusión con el crimen, violaciones a derechos humanos y corrupción.
Jacobson aseguró que el Gobierno de EUA seguirá cooperando con la Policía de Honduras, pero consideró necesario ver “más avances” en el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad en el país.
Destacó la “voluntad política” que ha acompañado el proceso que comenzó a principios de 2012 para limpiarla de la delincuencia infiltrada, pero indicó que “queremos continuar trabajando en capacitación y entrenamiento; pero realmente el proceso de depuración y de reforma policial es una de las cosas más importantes, porque si no, la asistencia que podemos ofrecer no sirve”.
Fuentes especializadas en el tema señalaron que Estados Unidos envió un claro mensaje en el sentido de que no percibe avances contundentes en el proceso de depuración policial y por eso advirtió al Gobierno hondureño que la cooperación está en vilo mientras no haya resultados más efectivos en el adecentamiento de la institución.
La DIECP fue creada en noviembre de 2011, tras salir a luz pública el involucramiento de oficiales y agentes de la Policía en una red de corrupción, sicariato, robo de autos y cobro de extorsiones, así como en el asesinato de dos estudiantes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, y un amigo de aquel.
No obstante, diversos sectores cuestionan que después de 16 meses la depuración policial ha avanzado a paso de tortuga y los resultados han sido pobres frente a la enorme corrupción que todavía impera en las filas policiales y el involucramiento de un mayor número de agentes y oficiales activos en actos reñidos con la ley.
No habrá certificación
En entrevista con LA PRENSA, el miembro de la CRSP, Jorge Omar Casco, dijo que no certificarán el trabajo de la DIECP del último año, ya que en la Comisión prima el sentir que en la depuración policial “no solo existe lentitud, sino también un desenfoque total sobre el proceso de investigación y las metodologías aplicadas”.
Puso como ejemplo que la DIECP ha priorizado las evaluaciones a agentes y aspirantes de la carrera policial que tienen muchas posibilidades de errar en las pruebas; pero no hace lo mismo con los miembros de la cúpula de la Policía.
“Eso es un desenfoque, usted va a investigar a los aspirantes, a los que se encuentran en la carrera policial y las categorías de la tropa para determinar sus bienes; pero no lo hace con la cúpula, ese es un desenfoque”.
Como ejemplo citó que la Comisión de Reforma desconoce si ya se practicaron las pruebas de confianza al actual director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, porque precisamente esa información oficial la DIECP la maneja como un secreto de Estado. “No sabemos quiénes se han sometido a esas pruebas y no conocemos los resultados”, criticó.
La CRSP fue creada mediante decreto legislativo número 04-2012, y entre sus atribuciones están la de supervisar, dar seguimiento y certificar el proceso de depuración policial efectuado por la DIECP. En el marco de esas atribuciones, recordó que la CRSP en dos ocasiones ha informado al Consejo Nacional de Defensa, que rectora el presidente Porfirio Lobo, que no certificarán el trabajo de la DIECP, pues la depuración debe tener un marco metodológico y debe comenzar por la cúpula de la Policía y con la investigación patrimonial, cosa que no se ha hecho.
La DIECP tiene defectos
La Comisión tuvo acceso a un informe de expertos colombianos que analizaron el funcionamiento de la DIECP y el resultado es que esta institución tiene defectos en su estructura y en la selección de su personal, pero también
en la forma como se aborda la depuración policial.
Señaló que en la última reunión que tuvieron con el director de la DIECP se conocieron algunos avances que dejaron la impresión que es posible cambiar esas circunstancias.
“Creo que debemos dar un espacio al director de la DIECP para que pueda presentar su próximo informe de labores, pero tiene que ser a la mayor prontitud posible”.
Casco se quejó que además de las fallas arriba mencionadas ha existido una exagerada reserva en el manejo de la información del proceso de depuración, bajo el argumento de que se trata de investigaciones atinentes a la seguridad nacional, al punto que a la Comisión de Reforma se le negó información cuando la solicitó. “Se recurrió institucionalmente a declararla como un secreto, cuando eso no debe ser así, creo que debe ser un proceso abierto donde la sociedad hondureña pueda tener la posibilidad de evaluar si ese proceso está respondiendo a la expectativas”.
Dijo que la CRSP deberá priorizar e identificar los elementos de urgencia y de prioridad que debe tener el actuar de la DIECP para mejorar su labor.
El también miembro de la CRSP, Matías Funes, manifestó que los cambios y reformas en la seguridad pública dependen de una verdadera depuración de la Policía, y en ese sentido se requiere la certificación de las pruebas de confianza que aplica la DIECP, lo que hasta ahora no se ha hecho. Criticó que existe incoherencia en la información que ofrece la DIECP, porque un día proporciona algunos datos y otro día otros.
Resultados de pruebas de confianza son secretos
Desde el 6 de octubre de 2012 hasta el 6 de marzo del presente año, la DIECP aplicó 1,746 pruebas toxicológicas y socioeconómicas a igual número de aspirantes y miembros activos de la carrera policial
Solo se divulgaron los resultados de las tres primeras evaluaciones efectuadas el 6, 29 y 27 de octubre con un total de 25 reprobados. El resto se mantiene en estricta secretividad y como “pendientes”. Según un informe, el año anterior esta institución aplicóó 774 pruebas de polígrafo a igual número de oficiales de policía, 150 de las cuales resultaron positivas, por lo que se emitió resolución para que se aplicara la Ley Especial para la Depuración Policial.
También se practicaron 145 pruebas integrales a oficiales de la escala superior, 55 de las cuales resultaron positivas. Se estima que la fuerza policial es de
alrededor de 14 mil efectivos en todo el país, entre agentes de la escala básica y oficiales de las escalas media y superior.
Una debilidad de esa institución es que no ha existido un adecuado seguimiento de los expedientes remitidos al alto mando policial y eso ha impedido confirmar que los policías encontrados en diferentes faltas hayan sido separados o suspendidos.
En enero de este año, la DIECP presentó al Ministerio Público 10 expedientes con investigaciones que implican a 40 servidores policiales en diversos delitos de orden penal; pero a la fecha ninguna de ellos ha sido enjuiciado ante los tribunales de justicia por el órgano acusador.
Entre los casos figuran la sustracción de 730 armas de fuego que se encontraban en depósito en el almacén de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), el ingreso de 75 cajas de cervezas a la Penitenciaría Nacional en marzo de 2012.
