Luis Rolando Redondo Guifarro, expresidente del Congreso Nacional (2022-2026), fue denunciado este lunes ante el Ministerio Público por un delito presuntamente cometido días antes de dejar el Poder Legislativo.
La acción legal fue interpuesta de manera personal e independiente por los abogados Leonel Núñez y Fernando González, quienes alegan que Redondo incurrió en un delito al realizar una acción constitucional sin cumplir con los requisitos de la ley.
Redondo Guifarro habría redactado el decreto 48-2025, posteriormente enviado a publicar en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual se autorizaba la instalación en Honduras de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih), sin el consenso del pleno de diputados del Congreso Nacional.
Leonel Núñez explicó que "este decreto 48-2025, publicado en La Gaceta, no llenó los requisitos formales que se establecen para poder ser aprobado. Esto, en virtud de que los diputados del Congreso no tuvieron conocimiento de la reunión en la que se aprobó. Además, él ya no estaba en funciones como diputado cuando se mandó a publicar".
A criterio de Núñez, la acción de Redondo presenta varias anomalías que el Ministerio Público debe investigar de oficio mediante la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución. "El Ministerio Público podría calificar la usurpación de funciones, la ausencia de autoridad, entre otros delitos", apuntó.
La denuncia no solo señala a Luis Redondo como quien envió el decreto a publicar en La Gaceta, sino también a quienes firmaron la publicación y a los funcionarios de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), por supuestamente incumplir una orden ilegal, indicó el abogado.
Núñez y González también presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la nulidad del decreto 48-2025, para que la Cicih no pueda instalarse en Honduras, según lo previsto en dicho decreto.
"Nos hemos personado con el colega Leonel Núñez para interponer las garantías correspondientes y será el desarrollo del proceso el que determinará que la creación de dicho decreto es totalmente ilegal", confirmó Fernando González.
Los abogados reconocen que, debido a la carga de trabajo de la Sala Constitucional, este caso podría no ser prioritario para los magistrados, pero esperan que se resuelva con prontitud.
"No es que estemos en contra de que venga la Cicih, sino que debe actuar conforme a la ley, y será la Sala Constitucional la que dirima esta situación. Recordemos que la Cicih debe crearse primero mediante un tratado internacional; el tratado vigente quedó solo en cartas de entendimiento entre el Estado de Honduras y la ONU, y nunca se concretó", añadieron.
Según los denunciantes, el decreto 48-2025 fue publicado el 22 de enero de 2026, un día después de dejar de ser titular del Congreso, y actualmente se investiga si fue sancionado por la entonces presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento.
