Tegucigalpa, Honduras.
Porque la resolución que emitió un juez no fue apegada a la ley, los apoderados legales del empresario Shucri Kafie Larach presentaron un recurso de apelación ante la secretaría de los juzgados.
En sus argumentos, los profesionales del Derecho indican que la resolución del juez que conoció el caso no fue apegada a la ley, y, por lo tanto, piden a la Corte Primera de Apelaciones revocar el auto de formal procesamiento y dictar el sobreseimiento provisional.
Según los abogados, el contrato firmado entre la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) no tiene ninguna irregularidad.
El contrato consistía en la venta y mantenimiento de equipo de biomédica a un costo de 118 millones de dólares, de los cuales solo se pagaron 61 millones, según la junta interventora.
En los próximos tres días, la Corte deberá resolver en relación con el recurso presentado por la defensa del empresario hospitalizado en un centro asistencial privado.
Cárcel
En declaraciones vertidas en el programa 30/30 de Telesistema el reciente domingo, el fiscal general, Óscar Chinchilla, indicó que el Ministerio Público pidió a los Juzgados de lo Penal la emisión de la orden de captura y la prisión preventiva para el empresario y para todos los implicados en el desfalco al Seguro Social.
Detalló que en el caso de Kafie el delito que se le imputa no admite medida cautelar, por lo que se mostró satisfecho por el auto de formal procesamiento logrado en su contra por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal.
Informó además que en el último requerimiento presentado por la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, también se solicitó orden de captura y prisión preventiva para los señalados por actos irregulares en la Secretaría de Salud.
En este requerimiento, el Ministerio Público acusó a la familia Gutiérrez por suponerlos socios de la empresa Astropharma que habría vendido medicamentos sobrevalorados a la entidad del Gobierno.
Además se acusa a otras 11 personas entre funcionarios de Salud y empleados de Astropharma.
Porque la resolución que emitió un juez no fue apegada a la ley, los apoderados legales del empresario Shucri Kafie Larach presentaron un recurso de apelación ante la secretaría de los juzgados.
En sus argumentos, los profesionales del Derecho indican que la resolución del juez que conoció el caso no fue apegada a la ley, y, por lo tanto, piden a la Corte Primera de Apelaciones revocar el auto de formal procesamiento y dictar el sobreseimiento provisional.
Según los abogados, el contrato firmado entre la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) no tiene ninguna irregularidad.
El contrato consistía en la venta y mantenimiento de equipo de biomédica a un costo de 118 millones de dólares, de los cuales solo se pagaron 61 millones, según la junta interventora.
En los próximos tres días, la Corte deberá resolver en relación con el recurso presentado por la defensa del empresario hospitalizado en un centro asistencial privado.
Cárcel
En declaraciones vertidas en el programa 30/30 de Telesistema el reciente domingo, el fiscal general, Óscar Chinchilla, indicó que el Ministerio Público pidió a los Juzgados de lo Penal la emisión de la orden de captura y la prisión preventiva para el empresario y para todos los implicados en el desfalco al Seguro Social.
Detalló que en el caso de Kafie el delito que se le imputa no admite medida cautelar, por lo que se mostró satisfecho por el auto de formal procesamiento logrado en su contra por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal.
Informó además que en el último requerimiento presentado por la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, también se solicitó orden de captura y prisión preventiva para los señalados por actos irregulares en la Secretaría de Salud.
En este requerimiento, el Ministerio Público acusó a la familia Gutiérrez por suponerlos socios de la empresa Astropharma que habría vendido medicamentos sobrevalorados a la entidad del Gobierno.
Además se acusa a otras 11 personas entre funcionarios de Salud y empleados de Astropharma.
