Este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designó a la magistrada Reina Auxiliadora Hércules como la jueza que conocerá el caso en el cual están involucrados cuatro exdiputados y el actual congresista nacionalista Alberto Chedrani.
Melvin Duarte, director de la unidad de comunicaciones de la CSJ, anunció que desde hace dos semanas el pleno de magistrados designó a Reina Auxiliadora Hércules como la jueza natural.
También, fueron nombrados los magistrados Reinaldo Antonio Hernández, Edgardo Cáceres Castellanos y Wilfredo Méndez Romero, como los integrantes de la Corte de Apelaciones.
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“A partir de este día ya que el requerimiento fiscal fue presentado ayer le corresponde a la secretaria de los juzgados correspondiente, se estará realizando lo que relaciona al protocolo de ingreso”, expresó Duarte.
Indicó que el secretario revisará y analizará la información presentada, el contenido del expediente, y el ordenamiento para el análisis debido. El vocero agregó que para el día siguiente el secretario trasladará el expediente a la jueza designada.
Requerimiento fiscal
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y cinco particulares.
Se trata de Alberto Chedrani Castañeda (actual parlamentario), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino (exparlamentarios), a quienes conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017 se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahún Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).
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Reacción de la bancada del Partido Nacional
La Bancada del Partido Nacional calificó como persecución política por parte del gobierno de Xiomara Castro por requerimientos fiscales contra varios diputados y exdiputados nacionalistas.
Los miembros de la bancada denunciaron “violación en el proceso” y afirmaron que los funcionarios que han gestionado fondos deben ser investigados primero por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) antes de ser requeridos por el Ministerio Público.
“La justicia que quiere impartir Libre y su aliado Partido Salvador de Honduras (PSH) es selectiva y está al margen de la legalidad, se absolvieron todos los delitos cometidos por los funcionarios afines a Libre entre 2006 y 2009”, afirmaron en un comunicado.
El requerimiento fiscal fue presentado ayer -21 de junio- por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) por el supuesto saqueo de fondos del Congreso Nacional, acción que fue calificada como “persecución política” por la actual bancada nacionalista.
Según las investigaciones de Uferco, estos parlamentarios están vinculados a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Legislativo durante los años 2013 y 2017. Según las indagaciones realizadas, son más de 18 millones de lempiras lo que desviaron los excongresistas.
La acusación establece que los miembros del Congreso desarrollaron 46 proyectos de microempresas y empleo para desviar 18,950,000 lempiras.
