El conflicto agrario en el Aguán parece no terminar y se está extendiendo a otras zonas del país, en donde grupos campesinos promueven la invasión de tierras.
Saúl Alemán, presidente de la Cámara de Comercio de Tocoa, dice que están preocupados por las invasiones de tierra, “porque por mucho que se haga para el desarrollo será imposible en un lugar donde no hay garantía para la inversión. Ya el Gobierno debió tomar acciones, sino esto va para largo. Terratenientes ganaderos o cualquier persona que tenga su pedazo de tierra está viendo con preocupación, no se sabe para dónde vamos, hay hasta quienes quieren vender”.
Muchas de las fincas en el Aguán están en las cercanías de la carretera CA 13. Desde ahí se ve a los grupos de campesinos que han colocado banderas en los portones de accesos de las plantaciones, mientras ellos se mantienen en las áreas tomadas, en las que han instalado covachas que habitan con sus familias.
Ayer, el Gobierno se comprometió a respetar el derecho a la propiedad, el acceso de la tierra a los campesinos y no violentar los derechos humanos y conformó un comisión tripartita.
La comisión está integrada por la Secretaría de la Presidencial, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Nacionales Unidas y abogados internacionales de la Plataforma Agraria.
Participarán autoridades de la Secretaría de Seguridad, el Instituto Nacional Agrario (INA) y diputados al Congreso Nacional.
Ramón Sabillón, titular de la Secretaría de Seguridad, informó ayer en conferencia de prensa que van a investigar a profundidad si el conflicto del Bajo Aguán es inminentemente agrario o si puede estar impregnado de casos de violaciones de derechos humanos.
Las reuniones se realizarán en el Despacho de Seguridad, donde trabajarán en tres ejes: uno es identificar violaciones de derechos humanos, en segundo lugar garantizar la tenencia y seguridad jurídica de la tierra y en tercer lugar judicializar los casos y realizar los respectivos desalojos de acuerdo con la ley.
Datos del INA indican que más de 11,000 hectáreas de tierras han sido invadidas por grupos campesinos en Colón, Choluteca, Cortés y Yoro.
" “La señora presidenta busca una respuesta integral a un problema de larga data”. "
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reclamó que la invasión de tierras es un problema que afecta la seguridad jurídica del país y pone en riesgo la inversión.
Francisco Fúnez, titular del Instituto Nacional Agrario (INA), declaró ayer que se va a comenzar a dialogar con la empresa privada y las organizaciones campesinas para llegar a un consenso. Estimó que el conflicto por la tierra ha dejado como resultado 147 muertos en una década en el Bajo Aguán, por eso no se debe irrumpir violentamente, sin un consenso con la empresa privada.
“La empresa privada está preocupada, así como están preocupados los campesinos”, por eso por medio de la Secretaría de la Presidencia con la participación del Cohep acompañen a la comisión para encontrar una solución.
Afirmó que la presidenta Xiomara Castro les resaltó dos puntos fundamentales, poner orden y preservar el derecho de la propiedad privada; es decir, respetarlo.
" “Las empresas que operan en la zona no ven que el gobierno haga algo para solucionar”. "
Adelantó que ya recibieron comunicación de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) para sentarse a dialogar.
Jaime Cabrera, portavoz de la Plataforma Popular Bajo Aguán, dijo que en la propuesta está que resolver el conflicto no es de días, sino tal vez de un año y medio.
“Estamos pidiendo que se investigue el origen del despojo de las tierras en el Aguán, toda esa investigación está en uno de los puntos del acuerdo, se formó una comisión jurídica y la comisión tripartita para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos”.
